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OPINIÓN

Nueva y vieja política: del 11-S al 9-N

Deberíamos ser más prudentes a la hora de certificar la muerte de la vieja política y celebrar la llegada de la nueva

La proximidad del 11-S y del 9-N suele interpretarse como una secuencia lógica: primero el empuje de la sociedad (Diada) y, a remolque, la iniciativa institucional (consulta). Es más, frente a las dificultades que amenazan el 9-N, la mayoría de los analistas centran sus expectativas en la demostración de fuerza del 11-S. Una aproximación táctica a la coyuntura política que también hemos teorizado como el paso de la vieja a la nueva política. La vieja política, la institucional, estaría dejando paso a la nueva política, la de la gente. Un tránsito irresistible y que, aplicado al caso que nos ocupa, significa que por muchas trabas institucionales que existan, éstas no podrán oponerse al empuje ciudadano.

Tanto la lógica secuencial como la irrupción de la nueva política, conforman un mantra prácticamente incontestable. Y aunque probablemente tengan razón aquellos que lo defienden, considero saludable despertar alguna duda razonable. Aunque sólo sea para profundizar en el debate.

En primer lugar, la propia diferenciación entre sociedad civil e instituciones públicas es discutible. En realidad, desde Hobbes y Locke sabemos que estado y sociedad civil son el reverso de la misma moneda; realidades complementarias que no pueden existir separadamente. No se trata simplemente de discutir si determinadas entidades de la sociedad civil reciben o no recursos públicos, sino de entender que su propia existencia depende de unas instituciones públicas que facilitan el marco para su desarrollo. Si nuestros gobiernos son los abuelos de la vieja política, la tan aclamada sociedad civil —no nos engañemos— es la abuela de la misma vieja política. Las iniciativas políticas de Parlament no son, pues, menos añejas que las movilizaciones que promueve las entidades de la sociedad civil.

En segundo lugar, a menudo olvidamos que el empuje de la sociedad civil se produce en direcciones diversas. Y como en el juego de la cuerda, con dos equipos de forzudos tirando cada uno hacia su lado, aparece el peligro de paralizar la acción colectiva. Una acción que requiere, además de la fuerza de la ciudadanía, del arbitraje de la política institucional. La vieja política no se limita a canalizar la fuerza de la nueva política, sino que gestiona sus contradicciones y toma decisiones para desbloquearlas. No es una tarea agradecida, pero sí indispensable. La lógica secuencial, además, sólo funciona si entendemos la sociedad civil en singular, pero —no nos engañemos— la sociedad civil sólo puede comprenderse en plural. Traduciéndolo, cuando Carme Forcadell expresa las posiciones de la ANC, no es la voz de la ciudadanía.

En tercer lugar, las relaciones entre estado y sociedad civil nunca han sido de subordinación, ni siquiera en democracia. Pensar, simplemente, que el estado ha de hacer lo que pida la sociedad civil es tan sugerente como falso. Las instituciones del estado no tienen como finalidad hacer lo que pida la ciudadanía, sino tomar decisiones; a pesar del disgusto que, a menudo, puedan generar en buena parte de la ciudadanía.

La política no funciona como el mercado, donde el cliente siempre tiene razón. La política trata con ciudadanos y, consecuentemente, se ve obligada a repartir razones. Pensar que las instituciones políticas se limitan a seguir las indicaciones de la gente es esperanzador, aunque —no nos engañemos— supone una mercantilización de la esfera pública cuya consecuencia es que siempre ganarán los más fuertes. Si la política consiste en seguir la hoja de ruta de la ANC quizá estemos construyendo una nueva política, aunque será, inevitablemente, con importantes déficits democráticos.

Finalmente, sin pretender alcanzar ninguna conclusión definitiva, sugiero sembrar dos dudas sobre aquellos argumentos que ya han adquirido categoría de políticamente correctos. Por un lado, deberíamos dudar de la secuencia del 11-S al 9-N y no dar por descontado que una potente demostración de poder popular dejará sin margen de maniobra al poder político. Las relaciones son complejas y encontraríamos multitud de ejemplos donde las demandas ciudadanas no encuentran las correspondientes ofertas políticas. Este desencuentro es incomprensible para el mercado, pero adquiere sentido en el ámbito público, donde las demandas no son claras e individuales sino contradictorias y colectivas.

Por otro lado, deberíamos ser más prudentes a la hora de certificar la muerte de la vieja política y celebrar la llegada de la nueva. La vieja política acumula una enorme experiencia, forjada a partir de algunos éxitos y, efectivamente, de multitud de fracasos. La nueva política, en cambio, todavía debe enfrentarse con la realidad y, por lo tanto, todas las lecciones que nos está dando son exclusivamente teóricas. Seguro que esta nueva política representa el futuro, pero deberá tener la paciencia de ganárselo y la inteligencia de escuchar las lecciones del pasado. Si no es así, puede que no logremos entender porque el éxito del 11-S no se traduce en consulta el 9-N. Una posibilidad que no descartaría de un plumazo.

Quim Brugué es catedrático en Ciencias Políticas y profesor en la Universitat de Girona.