El Tribunal de Cuentas alerta de la precaria situación del Centro Sefarad

La situación económica del Centro Sefard-Israel en Madrid, entidad pública encargada de fomentar las relaciones entre España y la comunidad judía, es precaria y existen serias dudas sobre su viabilidad futura. Así lo refleja un informe del Tribunal de Cuentas del pasado mes pasado y basado en datos de 2011 y 2012. El análisis advierte sobre “unos resultados negativos elevados y persistentes, producto de una muy importante caída de los ingresos y una insuficiente reducción de los gastos”. Es necesario subsanar esta situación con “urgencia”, señalan los auditores.

El Centro nació en diciembre de 2006 con la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Comunidad de y el Ayuntamiento de Madrid, que corren con su financiación. No tuvo ningún problema en sus inicios. De hecho, para los ejercicios de 2007 a 2009 se le adjudicaron tres millones de euros anuales, que se distribuían entre las diferentes administraciones. Hasta que llegó el hachazo de la crisis. En 2012, el importe había menguado a 1,5 millones y en la actualidad se encuentra en 800.000 euros.

El Tribunal destaca además “la relativamente escasa” financiación o patrocinios obtenidos del entorno de las legaciones diplomáticas, empresas o entidades culturales de la comunidad judía, que se "benefician también, directa o indirectamente", de las actividades del consorcio.

A día de hoy, el director de la entidad, Miguel de Lucas, asegura que a base de más recortes, han puesto freno a la situación, “Tenemos un superávit de 18.000 euros en 2013 y un remanente de 100.000 euros que les permite tener un margen de maniobra”, argumenta. También están tratando de captar fondos privados. Algo que se intentó en el periodo fiscalizado, pero con unos resultados “poco relevantes”.

Pero los auditores advierten también que los estados financieros del centro Sefarad-Israel correspondientes a los ejercicios analizados “no expresan la imagen fiel” del patrimonio, de la situación financiera de la entidad ni de los resultados de sus operaciones, sobre todo en cuanto a los principios contables. En este aspecto, no está valorada ni consta en el balance la concesión realizada por el Ayuntamiento de uso gratuito durante 30 años de los espacios en el “Palacio de Cañete” donde tiene su sede el centro. A este respecto, el director de la entidad dice en las alegaciones, que no se ha podido contabilizar por la dificultad de “encontrar un valor razonable a la misma”.

El 98% del gasto de consorcio durante los años fiscalizados se distribuyen entre personal y la partida de suministros y servicios exteriores. La mala situación, obligó a reducir los primeros en un 27% en 2011 y un 42% en 2012, mientras que los segundos bajaron un 36% en 2011 y un 66% en 2012. Respecto al personal, el análisis aprecia que no existe una plantilla de personal formalmente aprobada. En los dos años, se despidió a 12 empleados. Pero, a pesar de estas bajas, dicen los auditores, existe una desproporción del número de empleados del más alto nivel retributivo que, junto con los dos contratos de alta dirección, suponen más de la mitad de la plantilla. El informe indica que el consorcio presentó un "elevado número" de órganos directivos y consultivos: el Consejo Rector, la Comisión Delegada, el director general y el secretario general (con contratos de alta dirección), el gerente, el alto patronato, el Consejo Institucional y el Consejo Asesor. "Todo ello" para un organismo que a 31 de diciembre de 2012 contaba con 13 empleados no directivos.

El consorcio tenía tres tarjetas de crédito en 2011. Al año siguiente solo se utilizó la que estaba a nombre del gerente, para gastos por importe de 43.000 euros. Los auditores consideran que el límite de crédito mensual (18.000 euros) es excesivo y que a través de ella se tramita un elevado volumen de pagos (agencias de viajes, hoteles, billetes de avión, etc.) que debieran ser atendidos con medios de pago ordinarios. En las alegaciones al informe, el director actual, aclara que este medio de pago tiene que figurar con el nombre de una persona física.

Los auditores públicos destacan también el recorte producido en los elevados gastos para delegados en otros países de transportes, dietas, restaurantes... En el caso del delegado en París se situaban en torno a los 2.000 euros anuales.

En cuanto a la gestión de las actividades, se generó un "elevado volumen de gastos repetitivos" de pequeña cuantía (carteles publicitarios, viajes, servicio de catering, reportajes fotográficos, audiovisuales, entre otros) que son contratados puntualmente. Generalmente a través de acuerdos menores y a los mismos proveedores, lo que pudo suponer “la pérdida de ventajas competitivas o incluso superar el límite establecido para este tipo de contratos con su fraccionamiento”. Otra de las pegas expuestas en el análisis, se refiere a la omisión o insuficiencia de propuestas, memorias o informes para las diferentes actividades que se llevan a cabo en el centro.