El jefe policial de Alicante desvía agentes anticorrupción a seguridad ciudadana

El comisario provincial de la Policía de Alicante, José Javier Cuasante, pretende una rebaja de entre un 7 y un 15% de la plantilla de la Brigada Provincial de la Policía Judicial (BPPJ), desde cuyas unidades se han realizado operaciones que van desde la investigación del caso Brugal a la detención el pasado viernes en Elche del jefe del cártel de la droga de Medellín (Colombia), con más de 400 muertes a sus espaldas.

De los aproximadamente 150 policías que conforman la brigada, entre 10 y 22 agentes, según las informaciones recabadas, pasarán a desempeñar labores en la Brigada de Seguridad Ciudadana, más encargada de actuaciones a pie de calle que de investigar los delitos más complejos.

El cambio contrasta con el reciente informe del Ministerio de Interior, que recoge una disminución significativa de la delincuencia en España. Esta tendencia ya fue apuntada hace tres meses por la exdelegada de gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, durante la presentación en sociedad del propio Cuasante. Entonces todos se felicitaron por la caída de un 30% de la delincuencia provincial en solo cinco años.

La BPPJ es una de las brigadas más efectivas a nivel nacional de los últimos años, según las fuentes consultadas. Se divide en tres unidades dedicadas a Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y la de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). La UDEF, unidad responsable de la investigación del caso Brugal —una supuesta trama de corrupción que vertebra la provincia y que se divide en más de 20 causas judiciales— perderá como mínimo a cuatro efectivos de la veintena de la que goza.

La medida sorprende al estar el caso bajo instrucción judicial (hay más de 20 causas abiertas) y pendiente de informes como el del caso Rabassa, en el que presuntamente se amañó el plan urbanístico de Alicante para la implantación de la multinacional Ikea en Alicante.

Desde el gabinete de prensa de la Comisaría Provincial, restaron importancia a los cambios y los calificaron de “despreciables” dentro del conjunto del cuerpo. La decisión se encuandra, según explicaron, en una directriz de Interior para intentar cumplir con la catalogación de puestos.

Es decir, que los agentes estén en las unidades a las que fueron asignados y no oscilen tanto de una a otra, si bien reconocieron que eso es “difícil” de aplicar en el día a día. “Ningún sitio cumple el catálogo al 100%”, admitieron.

Otras fuentes advierten de que el rendimiento de la brigada judicial, ya bastante sobrecargada de trabajo, se verá afectado por el desvío de agentes a Seguridad Ciudadana, más en una provincia en la que abundan los casos de corrupción y uno de los destinos favoritos de la delincuencia internacional.