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La Junta urge a Morenés a que frene los despidos en la base de Morón

Jiménez Barrios pide una reunión con el ministro y le exige “que se implique”

Concentración de los trabajadores de la base de Morón, en septiembre. Ampliar foto
Concentración de los trabajadores de la base de Morón, en septiembre.

En el conflicto laboral de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) ya no hay cabida para más respuestas “tibias”. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha anunciado que pedirá de manera “inmediata” una reunión con el ministro de Defensa, Pedro Morenés, y con el embajador de EE UU, James Costo, para exigirles que frenen la sangría de despidos que desde hace casi cuatro años sufren los trabajadores españoles de la base. Tras dos expedientes de regulación de empleo (ERE), la plantilla de la compañía norteamericana encargada de los servicios de mantenimiento del recinto ha pasado de 600 a 375 empleados. “El ministro debe implicarse en la defensa de la estabilidad laboral de la plantilla”, pide el consejero.

Tras una reunión con los alcaldes de la comarca y con los representantes de los empleados, Jiménez Barrios ha solicitado a Morenés que abandone las respuestas “tibias” y que se “implique” en la solución del problema. “Es de sentido común que el territorio donde está asentada la base tenga también una compensación sobre su economía y sobre el empleo. El ministro debe conseguir, en virtud del acuerdo bilateral con EE UU, una redistribución justa y equitativa de la riqueza que produce la base”, precisa.

Presión o estrategia

El Gobierno de EE UU ha prorrogado hasta marzo de 2015 el contrato de la empresa encargada de los servicios de mantenimiento de la base aérea de Morón (Sevilla). El aplazamiento de la adjudicación, prevista para este mes, ha sembrado dudas entre los trabajadores. “Esta prórroga puede ser fruto de la presión que venimos ejerciendo. Además, nos da tiempo para seguir peleando por la readmisión de los compañeros despedidos en el último ERE”, apunta el presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez. “Pero, por otro lado, alimenta el temor de que en estos meses la empresa pueda ejecutar 150 despidos más. Así, la nueva adjudicataria podría entrar en la base limpia de polvo y paja”, agrega.

Pero hay más. Según Rodríguez, las propuestas presentadas por las tres empresas candidatas también contemplan una “drástica” reducción de la plantilla. “En el mejor de los casos, propone despedir a 125”, señala. El nuevo contrato, según los trabajadores, recoge que servicios como el de carga y descarga sean asumidos por militares. “Solo esto supone 80 despidos”, afirma.

Desde la llegada al recinto de la compañía Vinnell-Brown & Root Spain (VBR) —cuyo contrato se ha prorrogado hasta marzo de 2015—, la plantilla española ha encadenado dos ERE. Uno en 2010, que afectó a 119 trabajadores; y otro en 2013, con 66 despidos —este último declarado improcedente por el TSJA el pasado abril—. Sobre estos despidos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se limitó en noviembre a asegurar que el Gobierno central no tiene potestad para evitarlos ya que el convenio deja en manos de la empresa privada la gestión del recinto. “Lo que está ocurriendo en la base de Morón es un problema de España, de Andalucía y de la comarca. Por eso, le vamos a pedir a Morenés que defienda los intereses de estos trabajadores”, replica el consejero, quien ha pedido la readmisión de los despedidos que tienen sentencias favorables. Jiménez Barrios ha apuntado también que los trabajadores temen que, en estos meses de prórroga, VBR eche a otros 150 empleados.

Pero el conflicto en la base aérea va más allá de la destrucción de empleo. A esta se suman la “militarización de los puestos” y la precariedad laboral. Como vienen denunciando desde hace meses los trabajadores, Jiménez Barrios ha criticado que la plantilla española esté siendo sustituida por soldados estadounidenses. Asimismo, ha denunciado que la empresa ha vuelto a contratar a 60 de los 66 despedidos en el último ERE. Eso sí, como eventuales. “Ganan un 30% menos que antes, no tienen antigüedad, ni extras y encima están ocupando puestos inferiores a sus categorías”, asegura el presidente del comité de empresa, José Armando Rodríguez. “Lo que está ocurriendo en la base de Morón no sucede en ninguna otra. En la de Turquía, hay ocho trabajadores por cada marine; en la de Rota (Cádiz), tres por cada soldado. Aquí, hay un trabajador por cada tres militares”, señala el secretario general del Metal, Construcción y Afines de UGT, Manuel Jiménez Gallardo.

En este sentido, Jiménez Barrios ha subrayado que es “difícil de entender” y “un sin sentido” que se aumente la presencia de militares en la base sevillana mientras se despide a sus trabajadores. En marzo, al recinto llegó un nuevo contingente de soldados dentro de la estrategia de EE UU de ampliar en al menos un 50% la Fuerza de Respuesta para Crisis en África. “Para aumentar el uso militar de la base sí se puede modificar el tratado bilateral, para defender el empleo, no”, afirma el alcalde de Morón, el socialista Juan Manuel Rodríguez.

El regidor ha recordado que la base aérea es uno de los grandes motores económicos de la campiña sevillana, que se sustenta en la industria y en la agricultura. “Si no se crea empleo y valor añadido en la comarca, la base de Morón se limitará a aportar bombas y militares”, resume Jiménez Gallardo. “El único peaje que pedimos a EE UU es que se mantengan los empleos”, añade el alcalde.