El BNG propone que no se pueda ejecutar hipotecas a preferentistas

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) planteará este martes al Pleno del Congreso la posibilidad de que los titulares de hipotecas sobre la primera vivienda que se hayan visto afectados por la estafa en la comercialización de las participaciones preferentes o deuda subordinada no puedan perder su piso por impago mientras no se les devuelva el importe íntegro de su inversión o recuperen la capacidad de pago. Así se recoge en una proposición de ley de los nacionalistas gallegos que modifica la Ley de Reestructuración y resolución de entidades de crédito, aprobada en noviembre de 2012 y en la cual se establecía el principio de participación en las cargas, que obliga a que los tenedores de productos híbridos como las preferentes asuman parte de las pérdidas de las entidades financieras, así como parte de los costes del rescate bancario aplicado por la UE.

Este principio plantea, según el BNG, "importantes problemas" en este caso, en el que tanto las propias entidades bancarias como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han reconocido que se dieron "casos de mala praxis comercializadora al colocar estos productos a clientes sin la debida formación financiera o que demandaban otro tipo de producto".

Así, aplicar el reparto de cargas también a estos pequeños ahorradores se "generan importantes e injustos perjuicios", que la Administración debe evitar. Y, para ello, el Bloque propone modificar la Ley de Reestructuración Bancaria para "evitar que los ahorradores sufran pérdidas" y garantizar que puedan recuperar la totalidad de su inversión, sin discriminación temporal en el acceso al procedimiento y sin tener que acudir a la vía judicial.

Para dirimir a quiénes se les debería dar esta posibilidad, el BNG propone que tengan derecho a la recuperación de las cantidades invertidas "sin pérdida ninguna" los clientes minoristas no profesionales, es decir, a los que no se les puede presumir experiencia, conocimientos y calificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.

En todo caso, debería incluirse en este grupo a las personas que no tuvieran contratado ningún producto de inversión significativo en relación con su posición de liquidez antes de adquirir las preferentes, a quienes acrediten que en el momento de la contratación "deseaban mantener la disponibilidad de sus ahorros", a aquéllos que por edad, situación personal o falta de formación deben ser considerados ahorradores, a quienes tengan perfiles similares a los casos aceptados por el arbitraje o las sentencias judiciales favorables, y a todos los que puedan demostrar que no recibieron una información adecuada.

Para identificar a estas personas las entidades financieras deberían contratar a un tercero "independiente, de acreditado prestigio y formación" que analice todos los contratos vigentes, usando si es necesario la vía del arbitraje. Durante todo este tiempo, quedarían en suspenso las medidas de reparto de costes que están en vigor.

Además, el Bloque cree que estas previsiones deben ser de aplicación para los titulares de instrumentos híbridos de entidades financieras nacionalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que tuvieron que acogerse al canje o a la conversión obligatoria de sus títulos en acciones, "siempre que se determine su condición de ahorrador mediante un procedimiento de arbitraje o similar" y optando a la misma opción de recuperar su dinero sin pérdidas.

En el caso de los ahorradores con participaciones preferentes o deuda subordinada que tengan también un crédito hipotecario de la misma entidad sobre su primera vivienda, el Bloque defiende que no se les podrá ejecutar la hipoteca u otras garantías por imposibilidad para pagar la cuota "en tanto no les sea devuelto íntegramente el nominal invertido o recuperen la capacidad de pago".