Barrachina presenta concurso voluntario de acreedores en tres de sus sociedades
Compromís denunció el impago del canon de la Piscina de Valencia, gestionada por una de ellas
El empresario Jesús Barrachina ha presentado concurso voluntario de acreedores sobre tres de sus sociedades: Gespiva S.L., Alameda Palace S.L. y Hosva S.A. El juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha aceptado la solicitud, ha declarado el concurso y ya se ha nombrado administrador concursal. El concurso se tramitará en un procedimiento único, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El grupo empresarial de restauración de Barrachina debe al Ayuntamiento de Valencia cerca de 516.000 euros acumulados tras los impagos del IBI y el canon local de varios años.
Compromís denunció que la empresa Hosva, mercantil de Barrachina que gestiona la instalación deportiva municipal, el salón de banquetes Alameda Palace y el restaurante Les Graelles, no ha pagado al Ayuntamiento de Valencia el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de parte de 2011 y los ejercicios completos de 2012 y 2013. En total, alrededor de 150.000 euros si se suman los intereses y recargos, según datos de principios de 2014. Además de esta deuda, Hosva tiene pendiente el pago del canon local de los años 2010, 2011 y 2012, así como algunos meses de 2009, factura que asciende a 366.000 euros, según ha cuantificado el propio Ayuntamiento.
A principios de mes, el Ayuntamiento de Valencia elevó la propuesta de resolución del contrato de gestión de la Piscina Valencia por incumplimiento de las obligaciones de pago del canon contenidas en el pliego de condiciones y tras haber rechazado las alegaciones presentaciones.
El consistorio ya inició en marzo las actuaciones administrativas procedentes para resolver el contrato para la ejecución de obras, prestación y mantenimiento del servicio público deportivo en su modalidad de natación y servicios ajenos a desarrollar en el inmueble municipal de Piscina de Valencia.
En aquel momento, la junta aprobó también que el concesionario siguiera prestando el servicio hasta que se formalizara un nuevo contrato de concesión administrativa, en su caso, si no lograba previamente ponerse al día en sus obligaciones.
La gestión de este inmueble fue adjudicada en mayo de 1995 por un plazo de 25 años y, ante la demora del concesionario en el pago del canon de varios ejercicios y la falta de actualización de fianzas, se le requirió que regularizara su situación.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
