Català ofrece suelo público para centros privados aunque hay menos niños

Cuatro años ha tardado el Gobierno valenciano del PP en poner en marcha el mecanismo para que construyan en suelo público colegios privados empresas con las que la Consejería de Educación suscribirá conciertos a 75 años. Los primeros centros, si el proceso culmina según lo previsto en la convocatoria que ayer publicó Educación en el diario oficial, deberían construirse y entrar en funcionamiento en Calp y Elx en un plazo máximo de 18 meses. El concesionario deberá satisfacer un canon anual por la concesión que, en el caso de Calp, será de un mínimo de 8.497 euros al año y en el de Elx de 11.467 euros.

Ya en 2011, con la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización, el PP permitía a la Generalitat “otorgar concesiones sobre bienes demaniales [públicos] de su titularidad, así como los que le hayan sido transmitidos por otras Administraciones, para la construcción de centros educativos de titularidad privada que reúnan los requisitos para ser sostenidos con fondos públicos”. Las primeras concesiones, sin embargo, llegan tres años después precisamente con la natalidad en descenso.

Sobre Calp, la consejera alega la inexistencia de concertados

El mismo día en que, el pasado mes de abril, se conocía que la valenciana era la autonomía que más población perdía en términos absolutos, según el INE, y que tanto Alberto Fabra como María José Català recordaban en público que el curso pasado quedaron 6.000 vacantes en las clases de tres años, el único obstáculo que contemplaba el presidente de la Generalitat a la puesta en marcha de los CIS era la eventual falta de interés privado en su construcción. “En el caso de que no hubiera nadie que se quisiera presentar, las parcelas volverían a los ayuntamientos”, dijo Fabra. El próximo día 15 de septiembre, cuando se abran las ofertas de las empresas aspirantes a construir centros concertados en Calp y Elche, se podrá valorar el interés privado por este nuevo mercado escolar.

Aunque los de Valencia y Torrent fueron los primeros ayuntamientos en acordar ceder suelo público para la construcción de CIS, ninguna de sus parcelas ha sido todavía asumida por la Generalitat. Hay otros tres municipios que también anunciaron su interés por entrar en este nuevo mercado escolar: Alicante, La Vall d’Uixó y Santa Pola. Los siete municipios están gobernados por el Partido Popular.

Deberían hacerse como mucho en 18 meses y concertarse para 75 años

Según informó ayer la consejera de Educación y portavoz en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, las parcelas más avanzadas para sacar el pliego de la concesión son las de Valencia y Santa Pola. Fuentes de la propia consejería han señalado que el ritmo de convocatoria atiende también a los deseos e intereses de los propios Gobiernos municipales.

Sonia Tirado, presidenta de la FAPA-Enric Valor, dijo estar “preparando recursos contra los CIS de Elche y Calp por los cuales” solicita “la adhesión de todas las entidades y grupos cívicos”. FAPA-València alegó recientemente también contra el CIS de Patraix, con el apoyo de 16 entidades.

Los sindicatos STEPV, UGT, CC OO y CSI·F han rechazado la cesión de suelo público para construir centros educativos de gestión privada, cuando precisamente se cierran aulas públicas. Calificaron la medida de “ataque” al sistema educativo público valenciano. Tanto en Elx como en Calp se da el caso de que en el último ajuste escolar se suprimieron unidades de Educación Infantil en centros públicos. En su comparecencia de ayer, la consejera de Educación justificó que en Calp no existe oferta de centros concertados y actualmente los alumnos que estudian en concertada tienen que recorrer 20 kilómetros hasta el centro más cercano a esta localidad.