Los hoteleros piden más control sobre las viviendas turísticas

La intención de la Comunidad de regular las 8.000 viviendas de uso turístico existentes en la región, una modalidad de alojamiento en pisos de propiedad privada que no está amparada por ninguna normativa, ha encontrado el rechazo frontal del sector turístico madrileño. La Unión Empresarial por la Promoción Turística de Madrid creada en abril y que engloba, entre otros, a las asociaciones empresariales hotelera y hostelera o la Unión Madrileña de Agencias de Viajes, reclama al Ejecutivo de Ignacio González que renuncie a hacerlo o, en su defecto, endurezca los requisitos de la normativa elaborada, todavía sin aprobar. El borrador del decreto de la Comunidad fue remitido a finales de mayo al Consejo Consultivo para su estudio y más que probable visto bueno.

La Unión Empresarial entiende que el decreto de viviendas turísticas que está tramitando la Comunidad es “claramente permisivo”, sobre todo en lo que se refiere a la seguridad de los clientes, y calcula que el número de alojamientos de este tipo “podría triplicarse como consecuencia del efecto llamada que provocaría”. El sector turístico también sostiene que su aprobación supondría la desaparición de unos 3.000 empleos en los hoteles y pensiones, equivalente al 20% de los puestos de trabajo actuales. Fuentes del sector no descartan supuestos intereses inmobiliarios.

“Es un fenómeno que existe y no se puede prohibir pero sí regular”, señaló Carmen González, la viceconsejera de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, que subraya la condición “alegal, y por tanto de falta de seguridad”, que afecta a las residencias fuera de la ley. “Los usuarios verán garantizada la oferta y calidad de los servicios de alojamiento y sus derechos como consumidores, ya que podrán exigir responsabilidades y presentar reclamaciones contra quienes incumplan los requisitos mínimos en sus establecimientos”, observó González.

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos de España (Fevitur) se posicionó del lado de la Comunidad, achacando al sector hotelero el interés de querer “mantener su dominio sobre el alojamiento” y “erradicar un competidor”. “Bajo el paraguas de querer un mínimo de condiciones y una regulación justa lo que realmente demandan son requisitos imposibles de cumplir por las viviendas ubicadas en edificios residenciales”, expuso su presidente, Pablo Zubicaray.

El decreto define las viviendas de uso turístico como viviendas, pisos o apartamentos que se pueden ofrecer al público de forma integral (no por habitaciones). Al tener un carácter de alojamiento turístico, quedarían inscritas en el Registro de Empresas Turísticas, que cuenta con 120 establecimientos (9.074 plazas) que prestan su actividad como apartamentos turísticos en la región. También deberán tener una placa distintiva, y sus precios deberán estar expuestos en un lugar visible a la entrada.

El decreto también destaca que no podrán utilizarse como residencia permanente. El documento actualiza la legislación los apartamentos turísticos, cuya regulación estatal fue derogada en 2010. La clasificación prevista respetará la identificación de su caché por llaves (de una a cuatro).

“Pretendemos proteger los derechos de los usuarios, acabar con la competencia desleal, el intrusismo y fomentar la generacion de empleo”, considera el portavoz y número dos del Gobierno regional, Salvador Victoria. La Comunidad también entiende que supondrá una “nueva vía” a la inversión y la creación de empresas que contribuirían a la reactivación económica y por tanto a la creación de puestos de trabajo al contar con una seguridad jurídica de la que ahora carece.