El fútbol queda en familia

UPyD de Villanueva del Pardillo ha denunciado al alcalde de la localidad, Juan González Miramón (PP), ante la Fiscalía de Madrid por el convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y el Club de Fútbol del municipio, del que es presidente el hermano del regidor, José María González Miramón.

El edil de la formación magenta, Germán Sanz, considera que la cesión de este servicio, del que antes se encargaba el Ayuntamiento, se “ha otorgado a dedo”. El procedimiento correcto de adjudicación, a juicio de UPyD, habría sido la convocatoria de un concurso público, que garantizara la igualdad y libre concurrencia para particulares interesados. “La forma en la que se ha concretado el acuerdo en beneficio de un ente de derecho privado, y teniendo en cuenta que ambas partes en el negocio jurídico son hermanos, podría ser constitutivo de delitos de prevaricación y tráfico de influencias”, mantiene Sanz.

El convenio cuestionado se firmó el pasado mes de febrero, con el objeto de que la empresa se hiciera cargo de la gestión y el desarrollo de las competiciones federadas de fútbol 7 y fútbol 11 para la temporada 2013-2014. El compromiso alcanzado permite al club deportivo, además, gestionar los campus de verano, la publicidad estática en el campo de fútbol y un bar-cafetería de carácter no permanente.

María Ángeles Soto, primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, replica que el contrato firmado con el club se basa en la ley 30/1992 y en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en diversa jurisprudencia. La edil explica que la utilización de los espacios municipales del campo de fútbol, en un caso como este, debe ser concedido mediante licencia o autorización, revocable por razones de interés público.

Sin embargo, para UPyD el acuerdo no especifica un marco normativo que regule las prestaciones accesorias. Un hecho que no se explican “teniendo en cuenta que, en muchos casos, estos servicios suponen la generación de ingresos, que estaría dejando de cobrar el Ayuntamiento”.

Soto asegura que la figura del convenio de colaboración adoptada por el municipio “es completamente legal”. Señala que la licencia que otorga el Ayuntamiento al club no es por tiempo indefinido, sino que tiene carácter temporal. “Nos estamos ciñendo a la temporada 2013-14”. Esta circunstancia también justifica, en su opinión, el modo en el que se ha contratado sin acudir a la licitación pública.

“Esto no es así”, asegura el concejal de la formación magenta. En la denuncia presentada ante la Fiscalía, UPyD mantiene que “existe cierta normalización en la continuidad del servicio”. Se basan en que el club continuó gestionando las actividades una vez que el convenio de la temporada pasada había finalizado. “Acabó en julio de 2013 y la renovación se firmó en febrero de 2014, pero ellos continuaron con la actividad, incluso cobraron las reservas de plaza para la siguiente temporada. En su opinión, esta circunstancia denota que la gestión ha ido más allá de lo que se acordó en principio, lo que implica una continuidad en el tiempo”, dice.

La responsable de Deportes del municipio, Almudena Muñoz, respondió a UPyD en el pleno de abril sobre la razón por la que el municipio había cedido la gestión al club de fútbol. En primer lugar, dijo, “porque se recoge en el convenio” y en segundo, “porque la entidad deportiva se va a hacer cargo de una serie de gastos de gas, luz, agua, que antes pagaba el Ayuntamiento”. Como ahora los tiene que cubrir el club, deben contar con unos ingresos, concluyó.

“El problema”, que plantea el edil de UPyD, “es que ni en la respuesta de la concejal, ni en el convenio, ni en documento público alguno, al que hayamos podido tener acceso, se establece valor o cuantía de las citadas prestaciones. Por lo tanto, no conocemos ni la cifra de los gastos ni la de los ingresos”.

UPyD presentará en el próximo pleno una moción en la que pide que se rescinda la relación jurídica entre el municipio y el club. Y en el caso de que se suscribiera un convenio, que ciña exclusivamente a las actividades propias de la escuela municipal.

“La gestión y uso de las instalaciones deportivas, la explotación de espacios publicitarios y del bar o el campus de verano y la liga de fútbol 7 deben ser objeto de licitación pública, y el respaldo del pleno corporativo”, concluye.