Capdevila pide el archivo y fuerza la suspensión de su declaración

La diputada autonómica del PSC Montserrat Capdevila debería declarar esta mañana como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para esclarecer el pago de una decena de viajes privados con dinero público, pero una estrategia de sus abogados ha forzado la suspensión de la comparecencia.

La defensa ha presentado un escrito de 70 páginas en el que solicita el archivo de la causa y a la vista de ello el magistrado instructor, Carlos Ramos, ha pospuesto la declaración para el día 10 con el fin de estudiar las alegaciones. En síntesis, los abogados de Capdevila sostienen que su clienta no cometió el delito de malversación de fondos públicos que le imputa el fiscal porque, aunque los viajes privados fueron pagados con la tarjeta de Renfe del Parlament, no es la cámara autonómica quien fiscaliza el uso de la tarjeta.

Fueron un total de 12 viajes de ida y vuelta entre octubre de 2010 y septiembre de 2012, dice el juez instructor, que costaron a las arcas públicas más de 4000 euros. Capdevila devolvió 3.229 euros al descubrirse el caso, después de que fuera retirada la tarjeta de Renfe por los recortes presupuestarios. La diputada sostiene que si ha actuado así no es porque reconozca la existencia del delito, sino porque existe una campaña de desprestigio contra ella.

Cuando se produjeron esos viajes, Capdevila era primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sabadell, presidido entonces por Manuel Bustos, el vértice de la trama de corrupción del caso Mercurio, según los investigadores. Bustos tenía su teléfono intervenido y eso permitió destapar los viajes de Capdevila y el hecho de que ambos se alojaban en el mismo hotel.

La causa contra Capdevila es una derivada del caso de corrupción generalizada en el Ayuntamiento de Sabadell que ha aflorado con el caso Mercurio. Los viajes privados de la diputada no tenían nada que ver con la actividad política, pues viajaba a última hora de la noche a Madrid en AVE y regresaba a primera hora de la mañana.

Las conversaciones telefónicas desvelaron otra derivada de corrupción que afecta al también diputado del PSC y exsecretario de organización Daniel Fernández. El fiscal pide para él dos años de cárcel por un delito de tráfico de influencias al mediar con Bustos para enchufar a una funcionaria en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac.

El escrito que hoy ha presentado la defensa reclama además la nulidad del proceso con el argumento de que el origen de la imputación de Capdevila son las conversaciones telefónicas del caso Mercurio y que se no justifica la apertura de la pieza separada contra la diputada del PSC. Se trata de un argumento endeble, según fuentes judiciales, pues los tribunales han avalado la legalidad de aquellos pinchazos telefónicos realizados por los Mossos d'Esquadra con orden judicial.