La justicia anula el acuerdo que desató la crisis en el gobierno municipal de Ourense

La justicia echa gasolina a la incendiada convivencia de los socialistas ourensanos. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense ha dado la razón al funcionario del Ayuntamiento que reclamó una compatibilidad laboral para impartir docencia universitaria y que provocó el plante de cinco ediles del PSdeG en un pleno de diciembre de 2013 en el que alcalde, el también socialista Agustín Fernández, ordenó tumbar las pretensiones del empleado municipal. Los concejales pachistas —afines al exsecretario general del PSdeG Pachi Vázquez— enfrentados con el regidor abandonaron aquella votación “para no delinquir”, ya que habían refrendado la compatibilidad por escrito previamente. Semanas después fueron castigados con una contundente suspensión de militancia.

 El juez ha estimado ahora el recurso interpuesto por el funcionario contra aquella votación y también contra dos resoluciones firmadas por la directora general de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, en las que denegaba la compatibilidad y ordenaba al funcionario el cese de su actividad docente. Dacosta es a su vez líder de la agrupación municipal del PSdeG, controlada por cargos socialistas abiertamente enfrentados a Pachi Vázquez.

La pelea interna en el gobierno municipal se enquistó el pasado diciembre y, tras varias semanas de fontanería orgánica y plantes a la Junta de Gobierno, los cinco pachistas fueron suspendidos de militancia. Uno de ellos, Antonio Rodríguez Penín, incluso fue destituido de sus funciones y actualmente permanece en la corporación municipal sin responsabilidad alguna. La ruptura entre ambos bandos se volvió insalvable y la ejecutiva provincial —controlada íntegramente por los afines al exsecretario general del PSdeG— ordenó al alcalde que restituyese al concejal cesado, pero Fernández omitió a la dirección provincial y el socialismo ourensano se rompió por completo. Con aquel castigo impulsado por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la dirección gallega se posicionó al lado del regidor, que forma parte de su ejecutiva.

Consultados por este diario, los ediles pachistas han evitado hacer valoraciones por ahora, aunque matizan que los castigaron “injustamente” por cumplir la ley. Ninguno aclara si exigirán la inmediata restitución de sus derechos dentro del partido tras una sentencia que, afirman, respalda el plante en aquel polémico el pleno. “Queda claro que precisamente no fuimos nosotros quienes incumplimos la ley”, asevera alguno.

Javier García Gago, el asesor jurídico bendecido por la sentencia firme, medita emprender nuevas acciones legales contra los ediles próximos al alcalde que votaron en su contra. La Junta de Gobierno municipal llegó a abrirle un expediente disciplinario hace tres meses basándose en el acuerdo plenario ahora tumbado por el juez. Gago ha denunciado públicamente en reiteradas ocasiones que la denegación de la compatibilidad era una “represalia” por su actividad sindical como representante de la CIG y por ser amigo de alguno de los ediles pachistas.

La pelea familiar del PSdeG ourensano, aparentemente apaciguada durante las últimas semanas por las elecciones europeas, sigue incandescente. La dirección provincial del partido ultima el expediente disciplinario que abrió a Dacosta en enero por celebrar una asamblea de militantes para abordar las sanciones impuestas a los concejales pachistas. La propia ejecutiva provincial había ordenado que se suspendiese esa asamblea.