La juez investiga por facturas infladas y enchufes a la portavoz del PP
De Lara ve indicios de varios delitos en actuaciones de Prado como edil en Santiago
La jueza Pilar de Lara, que instruyese el voluminoso sumario del caso Pokémon, sobre corrupción en numerosas instituciones públicas, ha ordenado abrir una pieza separada para determinar si la portavoz del PP, Paula Prado, delinquió cuando era concejal del gobierno de Santiago. Prado tiene la condición de aforada por ser diputada en el Parlamento gallego y por tanto la competencia para juzgarla es del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
El trámite de la juez de instrucción de Lugo firmado el pasado 2 de diciembre —y conocido ayer tras el levantamiento del secreto de otra parte del sumario— es previo para decidir si eleva el caso al Tribunal Superior tras escuchar el pronunciamiento de la fiscalía. El auto firmado por De Lara detalla cuatro actos presuntamente delictivos cometidos por Prado cuando formaba parte del gobierno de Santiago, entre 2011 y 2012. Se basa en los informes de Vigilancia Aduanera que han analizado facturas y contrataciones de personal en el Ayuntamiento compostelano, así como distintas gestiones a favor de empresas y particulares. Los investigadores de Aduanas adjuntan facturas y correos electrónicos para dar contexto a una conversación telefónica mantenida por la propia Prado e interceptada por los agentes en la que se jactaba de haber inflado una factura de un espectáculo infantil en 3.000 euros para pagar una comisión a un intermediario amigo del gobierno compostelano. Los agentes lo tienen claro y en su “ampliación del informe de conversaciones relativas a Paula Prado” sostienen que los emails intervenidos en el Ayuntamiento de Santiago “corroboran los hechos relatados”.
Según los investigadores, “se comprueba que un espectáculo [La abeja maya, programado por el gobierno municipal para conmemorar el Día de la Familia de 2012] contratado por la empresa Descalzos Producciones en la cantidad de 5.500 euros pasaría a costarle al Concello la cantidad de 9.500 euros”. Si se tiene en cuenta el IVA, el importe sube de 6.090 a 11.210 euros. Y todo, señalan los agentes, “con conocimiento y aprobación de funcionarios y o autoridades del Ayuntamiento”. Según Vigilancia Aduanera, “de dicho dinero aproximadamente 3.000 euros serían para Jesús Fuentes Maceira [un conseguidor bien relacionado con el gobierno local y también imputado en esta causa] como contraprestación de un acuerdo con Gerardo Conde Roa”, el anterior alcalde de Santiago que se vio forzado a dimitir cuando la fiscalía presentó una denuncia contra él por fraude fiscal. Continúa el atestado: “Paula Prado decidió pasar la factura para su pago con el importe superior, para que 3.000 euros los disfrutara Jesús Fuentes, sabedora del hecho que estaba la factura inflada, y a pesar de el alcalde [Ángel Currás, que en aquellos días había relevado a Conde Roa] anterior concejal de Cultura y por tanto sabedor de los precios, le dijo que era cara”. Las facturas aportadas al sumario y los correos electrónicos ratifican que el Ayuntamiento abonó 11.210 euros por esa atracción infantil. Ese albarán inflado es uno de los cuatro indicios que la juez apunta en el auto para justificar la apertura de una pieza separada sobre la portavoz del PP.
El auto judicial cita también “las influencias en las que habría intervenido Prado junto con otros concejales” y cargos municipales “para beneficiar económicamente a su cónyuge, en su actividad de venta de materiales textiles al Ayuntamiento de Santiago y a Boqueixón, empleando para ello a terceros intermediarios para no involucrar su nombre como proveedor”. De Lara apunta a “la influencia en la contratación de determinadas personas, afiliadas o próximas ideológicamente al PP, en empresas concesionarias de obras y servicios del Ayuntamiento en el que Prado era además de concejal, responsable de la agencia de colocación de empleo llegando a adaptar los currículums a los puestos de trabajo”. La juez señala que “habría enchufado presuntamente a alguna persona para ser contratada por la empresa Sermasa [en el epicentro del caso] en la escuela infantil de Salgueiriños”. Y añade: “Igualmente podría haber intervenido en algunos expedientes de acometida de agua a favor de terceros y en la resolución de un expediente de un local, probablemente de apertura o cierre por ruidos”.
Conocida la decisión de la juez, el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, principal valedor de Prado en el partido, aseguró ayer que “no ve novedad” en el caso y defendió la necesidad de “conocerlo todo”.
Aduanas vigiló dos citas de Vendex con José Manuel Barreiro
El Chino, mote con el que se referían los cabecillas de la trama Pokémon al portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, se tenía que empezar "a relajar". Y según destacan en su informe sobre el político los agentes de Aduanas, Vendex podría haber conseguido su objetivo a juzgar por las noticias aparecidas en prensa en aquellas fechas: repentinamente, subrayan los investigadores, se esfumó de las páginas de los periódicos la guerra del PP de Lugo contra la gestión de Doal, la filial de la ORA, una estrategia popular que arreció sobre todo tras la sentencia que dictó el Tribunal Superior anulando la concesión. Corre el verano de 2012, y el jefe gallego de Vendex, José María Tutor, y el encargado en Lugo, Javier Reguera, buscan en Barreiro (con el que ya se trataban hace tiempo) la vía para frenar la campaña del PP contra Doal, que está intentando ampliar las plazas en la ciudad y, según las escuchas telefónicas, cuenta con la bendición de El Cura (supuestamente el alcalde, Xosé López Orozco).
Los agentes logran enterarse, a través de los pinchazos, de dos citas, y acuden a vigilarlas. La primera tiene lugar en la sede lucense del PP, tras una llamada de Barreiro a Tutor. La segunda, en Alvedro, en un encontronazo preparado por Reguera y alguno de sus contactos. El jefe de la ORA en Lugo predice que a partir de ese momento El Chino “va a cortar el viento”. En el aeropuerto, el jefe de Vendex se topa con el portavoz del PP en la Cámara Alta tras ser informado de que pasará a determinada hora por la salida de pasajeros, procedente de Madrid. Allí mantienen una conversación que es grabada en vídeo. En su declaración ante De Lara, Reguera reconoció además que Doal contrató un vigilante de la ORA recomendado por Barreiro.
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