El juez Pablo Ruz admite otra denuncia contra la alcaldesa de Jerez por Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha sumado una nueva denuncia a la causa que investiga adjudicaciones supuestamente irregulares de la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a la red Gürtel. El magistrado ha firmado una providencia en la que solicita a la policía y los peritos judiciales que valoren el escrito remitido por un grupo de empleados del Ayuntamiento de Jerez contra la regidora del PP, a la que acusan de contratación ilegal y de haber incurrido “en fraude de ley” al adjudicar a las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, servicios municipales por más de 200.000 euros “saltándose todos los procedimientos administrativos”. Ruz también remite la denuncia de los trabajadores a la fiscalía para que informe sobre la adjudicación al entramado Gürtel del puesto de Jerez en Fitur 2004.

Es el primer paso que da el juez tras reabrir la causa a principios de abril. Hace dos meses, Ruz emitió un auto por el que pidió a la Unidad de Auxilio Judicial la elaboración de un informe sobre los polémicos contratos municipales y sumó a la causa un exhaustivo escrito de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). En ese documento policial de 54 páginas, se recogen correos electrónicos remitidos por las empresas de Correa Special Events y Down Town que evidencian cómo el Ayuntamiento de Jerez adjudicó el pabellón en la feria de Turismo sin que las empresas de la red Gürtel hubieran presentado oferta alguna para concurrir al procedimiento de urgencia y sin publicidad abierta por el Consistorio. De hecho, y según las “irregularidades” descritas por la UDEF, las sociedades de Correa entregaron la documentación que exige la ley un mes después de firmarse el contrato y de celebrarse Fitur.

Estas supuestas irregularidades son las que incluyen en la denuncia el grupo de técnicos municipales que ha presentado la denuncia y que prefiere no identificarse “por temor a represalias”. Los denunciantes también aportan copia de los contratos firmados con las empresas de Gürtel en 2004 y el informe de la interventora del Ayuntamiento, quien ya advertía, días antes de la firma de la adjudicación de los trabajos, que Pelayo no era la competente para contratar esos servicios sino el Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad.