Antifraude investiga trato de favor en la marina de lujo de Port Vell

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha abierto una doble investigación sobre la marina de lujo que se está construyendo Salamanca Nice en el Port Vell de Barcelona para esclarecer si se está financiando con dinero procedente de paraísos fiscales y si se ha dispensado a sus promotores un trato de favor por parte de la Autoridad Portuaria.

La investigación se inició hace mes y medio tras la denuncia presentada por un consignatario inglés, que aportó miles de folios sobre el supuesto entramado de sociedades en manos de inversores rusos y agrupados en la sociedad instrumental Salamanca Nice. Esta se constituyó el mismo día que la concesión de la Marina Port Vell fue adquirida a Global Vía (conformada por FCC y Caja Madrid), Nyesa Valores Corporación y el Puerto de Barcelona, titular de la misma. Esta operación se cerró cuando el bipartito PSC e ICV gobernaban Barcelona y Jordi Valls presidía la Autoridad Portuaria. Su coste ascendió a 30 millones de euros, según Financial Times.

La denuncia que investiga Antifraude cuestiona el origen lícito de esos fondos en un proyecto que, además, supone una inversión adicional de 25 millones para construir 167 amarres para megayates, un spa y un gimnasio para los tripulantes de las embarcaciones. La ley que regula el funcionamiento de la OAC, organismo dependiente del Parlament, impide a Antifraude la investigación del delito de blanqueo de capitales, por lo que si se detectaran indicios delictivos, estos han de ponerse en conocimiento de los organismos competentes: la fiscalía, la policía o el Banco de España.

La segunda pata sobre la que sí tiene competencia Antifraude es el esclarecimiento del papel de la Administración en todo el proceso que ha permitido que el proyecto tire adelante a partir de la concesión de las licencias concedidas. El director de la Oficina, Daniel de Alfonso, firmó el día 12 un decreto por el que ordenaba el secreto de la investigación para blindarla de intromisiones políticas.

El plan generó desde el principio un gran rechazo vecinal y de la oposición municipal

La Autoridad Portuaria de Barcelona gestiona el puerto y está presidida por Sixte Cambra (CiU). Antoni Vives, también de CiU y tercer teniente de alcalde de Barcelona, es el vicepresidente del consejo de administración. Se trata de un organismo público adscrito al Ministerio de Fomento y con representación de los Ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat; la Generalitat, la Cámara de Comercio y los sindicatos.

Si bien el proyecto ha sido promovido por el Puerto, el Ayuntamiento ha tenido que dar el visto bueno para el plan especial urbanístico y la licencia para construir dos de los edificios del complejo, lo que ocurrió en febrero de 2013 y salió adelante con el voto del PP. El plan generó desde el principio un gran rechazo vecinal y de la oposición municipal.

La polémica saltó porque el proyecto, sin estar aprobado, ya se presentaba en ferias internacionales de yates como la de Mónaco. En septiembre de 2012, el propio Vives viajó al principado para promocionar personalmente la marina, que forma parte del llamado Clúster Náutico que promueve la ciudad.

La participación del edil se conoció gracias a un vídeo. “Alguien que ahora mismo se está convirtiendo en un amigo mío, Martin Bellamy [director de Salamanca Investments, la promotora], siempre me dice 'si podemos ser los mejores, tenemos que ser los mejores' (...) Barcelona está abierta al negocio, es una ciudad próspera”. “El mundo se puede estar cayendo abajo pero nosotros nos mantenemos sobre nuestros pies”, explicó Vives ante inversores y agentes del sector. El alcalde, Xavier Trias, también presentó el proyecto oficialmente días después, con el plan aún sin aprobar. “Todo el mundo sabe que la marina del Port Vell es importante para la ciudad”, aseguró.

Si bien el proyecto original sufrió modificaciones —se quitó el gran muro de vidrio con el que se quería rodear el complejo y se aumentó en doce el número original de amarres—, los vecinos y la oposición siempre han reprochado la falta de transparencia del proceso, tanto en el Ayuntamiento como en la Autoridad Portuaria.

CiU siempre defendió que nunca un proceso había tenido dos periodos de exposición pública. Los nacionalistas y el PP rechazaron hacer una consulta ciudadana sobre el futuro del Port Vell. “Cuando se planteó una consulta, Vives dijo que no se podía poner la democracia al servicio de la demagogia. En el vídeo él deja claro que su prioridad es poner el interés público al servicio del interés privado”, se quejó en su día la líder vecinal Gala Pin.

Vives siempre ha salido en defensa del proyecto, en ocasiones con vehemencia, y ha rechazado las críticas. En el último pleno municipal, no dudó en llamar “Mortadelo” al presidente del grupo municipal de ICV, Ricard Gomà, por preguntar por unas informaciones sobre el caso. El teniente de alcalde dijo no tener notificación de las investigaciones de Antifrau, lo que resulta razonable, pues las Administraciones no conocen las pesquisas de la OAC hasta que esta les reclama información.