Dos ex altos cargos no declaran al cuestionar la competencia de Alaya

Los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, imputados en el caso de los ERE, se acogieron este lunes a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya porque entienden que la instructora “ha agotado su competencia”. Tras tomar la interpretación de la Fiscalía Anticorrupción, la defensa de Lozano y Aguilera argumentó que “la investigación está agotada en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero”. Sobre este particular, Alaya ha pedido a las partes del caso que se pronuncien sobre la elevación de la causa al Tribunal Supremo. Lozano y Aguilera comparecieron por segunda vez ante la magistrada después de que la Audiencia Provincial de Sevilla anulara su primera imputación al considerar que no estaba suficientemente motivada, al igual que ocurrió con la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez.

Según el auto de declaración, Alaya llega a la conclusión de que “reiteradamente” desde el 2002 y el 2009 (periodo en el que ambos imputados ocuparon dicho cargo) “se incluyeron por parte de la Consejería de Hacienda créditos para transferencias de financiación del programa 31L, cuando en realidad se conocía indiciariamente que iba a destinarse inadecuadamente a subvenciones sociolaborales”. Ni Anticorrupción ni el resto de acusaciones solicitaron fianza de responsabilidad civil. El momento más tenso de ambas declaraciones fue cuando la defensa acusó a Alaya de ocular “actuaciones en este caso”. La magistrada pidió al letrado que moderara “su lenguaje” pues “está poniendo de manifiesto que esta instructora está cometiendo un hecho delictivo consciente y deliberadamente”.

Por otra parte, y tal y como adelantó cadena SER, durante la elaboración de la Ley de Presupuestos de 2002, el exinterventor de la Junta Manuel Gómez propuso a la viceconsejería de Economía y Hacienda que las empresas públicas se podían financiar usando tres fórmulas, entre ellas, la transferencia de financiación, que fue finalmente el método elegido por Empleo para pagar las ayudas sociolaborales y las ayudas a empresas.