Rechazada la recusación del juez que imputó al gobierno de Ourense

Ni enemistad contra los políticos ni amistad con los denunciantes. La presidenta de la Sección Penal de la Audiencia de Ourense emitió ayer un auto con el que tumba la recusación formulada por el exalcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y la edil de Urbanismo, Áurea Soto, contra el juez que imputó a toda la Junta de Gobierno del año 2008, por adjudicar a dedo y sin publicidad una obra de 600.000 euros a una empresa de la que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG. Los dos políticos indagaron en las redes sociales y aportaron a su recusación numerosos comentarios y fotografías de Facebook para denunciar una supuesta “falta de objetividad” de Antonio Piña. Tras revisar el expediente, la fiscalía y la Audiencia no han apreciado causa alguna contra el juez decano de Ourense.

La recusación sirvió para paralizar el paseíllo judicial de nueve ediles socialistas y nacionalistas por la adjudicación, presuntamente irregular, de las obras de reurbanización de la calle Bedoya, un caso denunciado por el grupo de la oposición Democracia Ourensana. El incidente fue presentado a pocos días del inicio de las declaraciones como imputados de todos los miembros de aquel gobierno bipartito. Tras el archivo, la investigación judicial de la obra volverá a manos del juez que retomará las citaciones judiciales en las próximas semanas.

La magistrada que ha resuelto el incidente considera que “no ha sido acreditada” ni la amistad íntima con un periodista que ocupó el último puesto de la lista del partido político denunciante, ni enemistad manifiesta alguna contra la clase política. De hecho, llega a tachar de “vaga e imprecisa” la relación efectuada por Rodríguez y Soto entre un comentario del perfil privado de Facebook del juez y una presunta hostilidad contra todos los políticos. La Audiencia de Ourense sitúa estos comentarios en el “ámbito de la libertad de expresión” estipulada en la Constituación. Piña manifestó en una entrevista en la Radio Galega que le “desagradaba” que le recusasen cuestionando su imparcialidad. “Lo último que yo esperaba en la vida es que me recusasen por una opinión de 2011 y 2012 en una red social”, aseguró.

El caso de la calle Bedoya no es el único que mantiene a la Junta de Gobierno bipartita PSdeG-BNG bajo el foco de la justicia. La titular del juzgado de instrucción número tres de Ourense investiga la adjudicación, también a dedo y sin publicidad, de otra obra de reforma de 455.000 euros adjudicada en la misma sesión del cuatro de septiembre del 2008. La magistrada ya ha abierto diligencias penales por presunta prevaricación y ha reclamado documentación sobre la reurbanización de la plaza de Paz Nóvoa al Ayuntamiento ourensano.