La contrata de ayuda a domicilio en Ourense niega deudas con los empleados

El conflicto laboral en el servicio municipal de ayuda a domicilio de Ourense, no tiene su origen en deudas con los empleados según la empresa concesionaria. El gerente y cónsul de Costa de Marfil, Alberto López, asegura que “no debe absolutamente nada a los trabajadores” y matiza que “solo ha habido cuatro retrasos en los pagos, de los cuales el de mayor duración ha sido el correspondiente al pasado mes de marzo”. También explica que la nómina extraordinaria del verano ha quedado en suspenso tras el expediente de regulación de empleo temporal que la empresa impuso a 72 empleados y que pagará si el Ayuntamiento le abona “incidencias no justificadas”. Hace cuatro meses y ante el anuncio de una huelga indefinida que dejaría sin atención a 600 enfermos dependientes, la contrata Fomento de Servicio Sociosanitarios acordó suspender un ERE con el que pretendía despedir a decenas de personas.

Los problemas comenzaron hace un año, pero los empleados han retomado ahora las sonoras manifestaciones desde la sede de la empresa hasta el Ayuntamiento ourensano. La última protesta reunió el pasado lunes a decenas de auxiliares ataviadas con batas blancas, megáfonos y pancartas al grito de “horas contratadas, horas cobradas, ni un paso atrás, huelga ya”. Una semana antes y tras una asamblea, el comité laboral denunció retrasos en un comunicado público en el que cargó contra “la apatía de la empresa y la administración local en darnos soluciones” y en el que amenazó con una huelga “si no se atendían las reclamaciones”. No parece que haya arreglo porque el primero de los paros ya ha sido convocado para el último día de abril. Los empleados sospechan que el ERE está latente y critican al gobierno local por mantener a una empresa que “claramente no tiene solvencia económica para hacerse cargo del servicio”.

Mientras la pelea laboral se enquista y el Ayuntamiento acumula una deuda de medio millón de euros en servicios a dependientes, López y su exsocio, José Troncoso, permanecen imputados por presunta estafa agravada en concurrencia de falsedad en documento mercantil en la gestión del servicio entre los años 2007 y 2011. El juez ha detectado supuestas facturas falsas o pagos irregulares que también salpican a la concejala socialista de Bienestar Social y a funcionarios del Ayuntamiento.