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La Audiencia anula la imputación de dos excargos de la Junta en los ERE

Los jueces reclaman a Mercedes Alaya que concrete sus graves acusaciones

La Sección Séptima también revoca una fianza de 46,6 millones a uno de los implicados

Mercedes Alaya saliendo de los juzgados de Sevilla. Ampliar foto
Mercedes Alaya saliendo de los juzgados de Sevilla.

La Audiencia de Sevilla ha anulado la imputación que impuso la juez Mercedes Alaya a los dos ex directores generales de Presupuestos de la Junta de Andalucía Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano en el caso ERE. Los superiores de la magistrada le piden que exponga con “mayor precisión” los hechos que atribuye a ambos, acusados en la rama política-financiera del caso desde el pasado junio. Es la segunda vez que la Audiencia reclama mayor concreción a Alaya, después de que anulara la primera imputación de la exministra Magdalena Álvarez pidiéndole a la magistrada indicios penales de más peso.

Esta parte de la investigación se refiere al sistema de pagos de los ERE, las transferencias de financiación por las que la Junta concedió subvenciones con cargo a una partida presupuestaria que, según la magistrada, carecía de control y favorecía la discrecionalidad. Alaya ha imputado en esta rama a Álvarez y a otros 19 altos cargos del Gobierno andaluz, además de señalar a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, todos ellos cargos aforados.

La Audiencia puntualiza en su auto que la acusación de Alaya contra los dos exresponsables de las cuentas públicas andaluzas “se desprendería tan solo del dato objetivo de haber ostentado sucesivamente el cargo de director general de Presupuestos”. Ante esta falta de detalles, los jueces estiman que la imputación incumple la tutela judicial efectiva y de defensa, por lo que exigen a Alaya mayor concreción. “Falta de concreción tanto de los hechos como de los delitos en que se basa la imputación”, puntualiza la resolución de la Audiencia.

Los magistrados dan margen a la instructora para que se explique en un nuevo auto, pero alertan de que una decisión tan grave como la imputación de ambos ex altos cargos, que ha devenido en un embargo de bienes para Lozano tras una fianza civil de 46 millones, debe ser argumentada. Al igual que la imputación de ambos ex altos cargos, la Audiencia anula esta fianza civil “por coherencia procesal”.

El abogado de ambos exdirigentes socialistas, José María Mohedano, reclamó ante la Audiencia por sufrir “indefensión por la manifiesta falta de concreción de hechos y delitos”, y esta ha atendido su recurso. Eso sí, después del recurso de Álvarez contra Alaya por basarse en “sospechas infundadas y errores sustantivos”, la juez concretó sus tesis y ahora la Audiencia debe entrar al fondo del asunto para decidir si la rama político-financiera tiene el sustento penal necesario para mantener la imputación de los 20 cargos y siete aforados como supuestos responsables.

Mientras, tras la imputación del número dos de Industria de CC OO, José Luis Montesinos, al que Alaya acusa de haber incluido a una persona como intrusa, la central ha contestado que este caso “nada tiene que ver” con ningún ERE o empresa. Comisiones Obreras argumenta que la imputación se basa en una póliza de 12.000 euros como complemento a una pensión de viudedad de la esposa de un trabajador fallecido de Fiteqa, la federación que lideró anteriormente Montesinos. El sindicato ha criticado que la juez se “extralimita” en su actuación. Asimismo, UGT ha lamentado “las imprecisiones y errores” de Alaya, dado que la central cesó al sindicalista también imputado Manuel Morales en 2006, y la juez lo situó al frente actualmente de la federación del Metal en Jaén.

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