El alcalde de Ourense y su antecesor, ante el juez por presuntos enchufes
El juez investiga la colocación de técnicos contratados por asistencias técnicas Todos ellos acabaron finalmente con puesto fijo en el Ayuntamiento ourensano También ha acudido a declarar como imputada la teniente de alcalde, Áurea Soto
El gobierno socialista de Ourense vuelve a desfilar por los juzgados. El alcalde, Agustín Fernández, el exalcalde Francisco Rodríguez y la teniente de alcalde, Áurea Soto, han declarado ante el juez en calidad de imputados por presuntos enchufes en la Concejalía de Urbanismo, de la que es titular Soto
El juez investiga la colocación de técnicos contratados previamente mediante asistencias técnicas de forma reiterada, que finalmente acabaron con puesto fijo en el Ayuntamiento. Los sindicatos denunciaron supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El PP se sumó después a la causa ampliando la denuncia con más documentación. También está denunciada la directora general de Personal, Carmen Rodríguez Dacosta, aunque no ha sido citada ante el juez.
En este proceso ya han declarado otras nueve personas en calidad de testigos, entre ellos cinco de los presuntos enchufados o el interventor. La investigación considera clave el papel del alto funcionario, ya que emitió reparos que fueron tumbados por el alcalde y el exalcalde. Los denunciantes alegan la existencia de un informe del servicio jurídico municipal que alertaba de la ilegalidad e incluso aseguran que realizaban sus tareas en dependencias municipales junto a los funcionarios. Los presuntos enchufados denunciaron su relación laboral con la administración y el Gobierno local, entre readmitirlos o indemnizarlos por despido, optó por endosarlos a la plantilla pública con puesto fijo.
El actual regidor –el único que ha realizado declaraciones– ha defendido la actuación de los denunciados y ha asegurado que están ante el juez por culpa de “la oposición que instrumentaliza la justicia con intereses partidistas para desgastar al gobierno”. Agustín Fernández recordó que la Xunta de Galicia formalizó a través de asistencias técnicas, medio centenar de contratos de personal que fue readmitido en 2010 como laboral indefinido. También matizó que son contrataciones “contempladas en la Ley de Contratos de la Administración Pública, muy habituales en todas las administraciones”.
Los supuestos enchufes son la primera causa que ha llevado al alcalde ourensano ante el juez. Previsiblemente no será la última. Está imputado por presunta prevaricación en el caso de la reurbanización de la calle Bedoya, por adjudicar la obra de 600.000 euros a dedo y sin publicidad. Por esta misma denuncia también permanecen imputados el exregidor Francisco Rodríguez y la edil Áurea Soto, al igual que toda la Junta de Gobierno de 2008 que formalizó el contrato. Rodríguez suma tres imputaciones (Operación Pokémon, calle Bedoya y asistencias técnicas), mientras que Soto acumula cinco, todas ellas por prevaricación o malversación de caudales públicos.
Vendex al rescate
A los políticos ourensanos imputados ha estado a punto de protegerles la empresa sobre la que gira la trama corrupta de la Operación Pokémon que salpica a algunos de ellos. Una furgoneta del grupo Vendex hacía guardia frente a los juzgados desde primera hora de la mañana, cargada con vallas antitumultos. Las sospechas de que la expectación mediática y ciudadana provocase el caos en la puerta del Palacio de Justicia (al igual que en la declaración del expresidente de la diputación José Luis Baltar) motivó la planificación de un dispositivo de seguridad en el que se preveía un cordón policial para proteger a los políticos de las masas.
Pero gran parte de los agentes desplazados para la ocasión acabaron por abandonar la zona a los pocos minutos, tras comprobar que el único revuelo era el de los flashes de las cámaras fotográficas. Sí permaneció de guardia, impertérrito, el operario de Vendex encargado de custodiar las vallas que no llegaron a abandonar la furgoneta del Ayuntamiento de Ourense aparcada en la puerta. La calma era absoluta y tras declarar ante el titular del juzgado de instrucción uno, el mismo que instruyó la denuncia de los enchufes de Baltar, se desplazaron tranquilamente hasta una cafetería cercana.
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