Un acuerdo verbal con la Xunta en 2007 originó la crisis de los comedores en Vigo

Todo empezó el 8 de mayo de 2013 con una denuncia de FETE-UGT. El sindicato tuvo constancia de que un colegio público de Vigo, el Lope de Vega, cobraba una cuota obligatoria a las familias por el comedor y trasladó los hechos a la Consellería de Educación. El caso estalló seis meses después en toda su extensión, cuando a raíz de esa investigación, la Xunta revelaba la apertura de expediente a siete directores de colegios de Vigo por una "gestión irregular" del servicio que incluía el cobro de supuestos sobresueldos. La sanción de hasta seis meses de empleo y sueldo de los directores afectados, hecha pública la semana pasada, ha causado estupor en la comunidad educativa de la ciudad.

"Todo esto se ha gestionado muy mal por la consellería", afirma Raúl Gómez, secretario de FETE-UGT y autor de la denuncia. "Primero dijo que no era nada, luego que le parecía muy grave y después todo se le desmadró". A la calma y el esclarecimiento de los hecho no ha contribuido la generalización con la que Educación se ha referido siempre a los siete colegios afectados, todos los de la ciudad en los que el servicio depende directamente de la Xunta. "Se mete a todos en el mismo saco cuando está claro que aquí hay dos situaciones bien distintas: la del Lope de Vega y el resto", afirma Gómez.

¿Cuál es la diferencia? Que el Lope de Vega, según reconocen padres de alumnos y la propia Xunta, amenazaba a los padres con denegar el servicio de comedor si no abonaban una aportación económica que el decreto autonómico solo admite como voluntaria. El resto, no. Lo que la Xunta califica de "sobresueldos" o "apropiación indebida" y los directores de "gratificación", en cambio, es una práctica generalizada, fruto de un acuerdo alcanzado por la Xunta y los directores de Vigo en 2007, cuando Educación cambió el sistema de retribución porcentual vinculado al presupuesto del comedor por otro lineal, con independencia del número de usuarios del servicio.

Esa es la explicación de que el caso se centre en Vigo, donde los comedores son grandes y los directores vieron mermados sus ingresos. "No es igual gestionar un comedor con 500 usuarios que uno de 80", admite el responsable de FETE-UGT. Ante esta situación, los directores afectados pactaron verbalmente con el entonces jefe de Gabinete de la Consellería, Juan Carlos Porrúa, cubrir la diferencia con cargo a las aportaciones voluntarias. Y así se hizo hasta ahora.

Para la consellería, este complemento constituye una irregularidad incluso más grave que la de la cuota obligatoria a los padres. "Son sobresueldos que no se pueden cobrar, de ningún modo", zanja el jefe territorial de Educación, César Pérez, que pone encima de la mesa los salarios de los directores: "Cobran 2.700 euros brutos, más un complemento de 340 euros y otro de 12 euros por día de asistencia al comedor". Las cantidades adicionales oscilan, según afirma, entre los 500 y los 150 euros mensuales. "No se puede tolerar. Siendo conocedores de esto no podíamos admitirlo, y poco importa que sean cantidades aprobadas en el Consello Escolar: no se puede aprobar algo que es ilegal", acusa el jefe territorial.

En su defensa, los directores afectados precisan que, en efecto, todas las gratificaciones que cobran por la gestión del servicio han pasado la aprobación del Consello Escolar. No solo eso. Figuran en las páginas web de los colegios, son conocidas por las asociaciones de padres y, desde 2008, se incorporan a las cuentas que cada ejercicio se presentan ante Educación. "La transparencia es máxima", subrayan. Educación replica: "Es cierto que nos mandan las cuentas, pero las inspecciones son aleatorias. No podemos abrir una investigación general porque no somos una fiscalía; se nos informó de una posible irregularidad y lo que hemos hecho ha sido confirmarla".

"Las sanciones son desproporcionadas, nos tratan como si fuéramos delincuentes", se lamenta el responsable de uno de los seis centros en los que la cuota para los padres no era obligatoria. "Si la Xunta considera que el acuerdo al que llegamos en 2007 ya no es válido, que nos lo diga y lo retire. Para nosotros lo era, aunque fueran otros los directores que entonces estaban al frente de estos centros. Es un acuerdo con un superior, y eso no se cuestiona". En vez de eso, acusa el mismo director, la Xunta ha emprendido una "causa general". De momento, cuentan con el apoyo de las asociaciones de padres de sus respectivos centros y también con la del resto de directores de centros escolares de Vigo, que en una reciente asamblea mostraron un apoyo sin fisuras a los compañeros expedientados.