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El pueblo de la conciliación imposible

Las familias de tres colegios de Porto do Son sin comedor escolar batallan por cambiar el anacrónico horario de clases y tener jornada continua

Niños del colegio  con una pancarta que pide jornada continua
Niños del colegio con una pancarta que pide jornada continua

Son años de batalla reivindicando sin éxito algo absolutamente normal en la práctica totalidad de las escuelas gallegas: la jornada escolar única. Pero en tres de los cinco centros de Educación Infantil y Primaria de Porto do Son (A Coruña) el anacrónico horario de las clases, repartidas en tres horas por la mañana y dos por la tarde, no solo divide y discrimina a los pequeños de esta localidad costera de 9.600 habitantes sino que parte las vidas de 360 familias afectadas.

Y hace imposible cualquier tipo de conciliación. Los colegios de los tres núcleos más poblados del municipio —Porto do Son, Portosín y Xuño— carecen de comedor escolar, lo que obliga a hacer encaje de bolillos en las agendas domesticas para garantizar el almuerzo de los 490 alumnos de entre dos y 12 años que regresan a sus casas a partir de las 12.30 horas y deben estar de vuelta en las aulas a las 15 horas. Y todo porque la Consellería de Educación, en aras de la tan cacareada austeridad y los recortes presupuestarios, se resiste a asumir el coste a mayores que supondría ampliar el transporte escolar si se impone jornada única en esas tres escuelas. Las asociaciones de madres y padres de alumnos no piden otra cosa que igualdad de oportunidades y condiciones que en las otras dos escuelas de la misma localidad, las de Baroña y Nebra. Están unidas en su protestas y decididas a ir incluso hasta el encierro en las aulas para lograr un horario sin particiones al mediodía.

Cuentan con el unánime apoyo de profesores y equipos directivos de los colegios. E incluso del alcalde, Luis Oujo. Es del PP, pero también padre de alumno y ante la recrudescencia de las protestas familiares y la nula receptividad o incluso respuesta de la Xunta ha conseguido esta misma semana forzar la apertura de negociaciones con el jefe territorial en A Coruña de la Consellería de Educación, Indalecio Cabana. Este último, aunque molesto por la repercusión y presión de las protestas, ha prometido el martes dar en solo tres días —mañana, viernes— una respuesta, una vez estudiada y cuantificado el coste de la implantación de la jornada única. Permitiría a pequeños de tres años, los que viven en Queiruga o Nadela, a más de media hora de trayecto de sus colegios, no tener que pasarse la mayor parte las 150 minutos que tienen para comer encerrados en un autobús.

“Sabemos que el tema es complicado porque necesita del esfuerzo de todos, de las familias para adaptar horarios, de la empresa de autobuses escolar y de la Xunta”, admite Sofía Tarela, portavoz de la Anpa Santa Irene, el colegio del centro urbano de Porto do Son. Pero nada que no sea imposible de implantar, “y de justicia”, subraya. Hace solo dos años, la Xunta renovó la concesión del transporte escolar en Porto do Son a Autos Comparados. Pero no varió un ápice las rutas, que datan de varias décadas cuando la población era otra y también los centros escolares, con varias escuelas unitarias y una escuela hogar ya desaparecidas desde hace años. Los colegios de Nebra y Baroña, así como el único instituto de Porto do Son tienen jornada única y comparten el transporte escolar con los otros tres centros del municipio, Porto do Son, Xuño y Portosín. De implantarse la jornada única en esos tres centros, los que concentran más alumnos, haría necesario ampliar la flota de buses que garantizan entre las 14 y las 15 horas la recogida de los escolares al terminar las clases. Tampoco se está hablando de un coste inasumible, destacan las madres y padres de alumnos. En unos 50.000 euros al año, según los cálculos de la concesionaria, “que siempre es una apreciación a tomar con cautela”, precisa Tarela. En todo caso, las familias, en sus caceloradas de protesta, no se olvidaron de recordar a la Xunta que el coste a mayores del transporte escolar es una cantidad ridicula al lado de los 37 millones de euros que ha decidido gastar, sin que nadie lo reclame, para construir una carretera de alta capacidad de siete kilómetros en Portosín, un núcleo saturado de viviendas tan sólo habitadas durante julio y agosto. “Nosotros queremos corredoiras para nuestros niños, nada de autovías que no sirven para la población”, apuntan las asociaciones de madres y padres. Ofrecen multitud de propuestas, rutas o incluso compartir el autobús entre los adolescentes del instituto con los pequeños de infantil para lograr su objetivo. Las protestas fueron la única manera de hacerse oír. Ahora esperan a que mañana, por fin, su demanda sea atendida para el próximo curso.