Fenosa dice que no se beneficia con los cobros que denuncian los municipios

Gas Natural Fenosa “no ha obtenido ningún beneficio con las facturaciones” de la energía reactiva que aplicó a los ayuntamientos y que estos denuncian como indebidas. La eléctrica, que asegura haber devuelto a 47 municipios gallegos el exceso correspondiente a la última anualidad y que tramita otras cinco peticiones, sostiene que los ingresos recaudados “redundan en el sistema energético y no en la compañía”. Fenosa rechaza haber incurrido en mala praxis e insiste en el “criterio aprobado” por el Consejo Nacional de la Energía (CNE, la actual Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia) para ceñir las devoluciones al último año y no a los cuatro anteriores, como insisten en reclamar los regidores.

 La compañía sitúa el origen de las diferencias de facturación en “la disparidad de criterio” con el que las distribuidoras interpretaron el Real Decreto relativo a la facturación de la energía reactiva. Un texto que, precisa la eléctrica, la propia CNE reconoció en mayo pasado que “no queda suficientemente claro”.

Fenosa explica, como han reconocido algunos técnicos, que no ha obtenido beneficio con la recaudación de estas tarifas. “Al tratarse de ingresos del sistema eléctrico y no de la compañía, esta ha de atenerse a lo marcado por el regulador”, puntualiza. El ingeniero coruñés Javier de Andrés, contratado como asesor por los ayuntamientos de Ourense y Pontevedra para la reclamación de los cobros indebidos de la energía reactiva en estos municipios, explicó el pasado domingo en este diario que los peajes se facturan desde la distribuidora a las comercializadoras que los incluyen en las facturas. Se trata, aclara, de “ingresos liquidables en el sistema eléctrico”. Esto es, que se ingresan en un fondo común y se reparten posteriormente “con criterios ajenos a cuanto han recaudado”, precisa el técnico.

Mientras Fenosa se pone a disposición de los ayuntamientos afectados para devolverles el exceso de facturación de la última anualidad y ofrece su colaboración al Instituto Galego de Consumo —dependiente de la Consellería de Industria, que ha incoado expediente sancionador a la eléctrica—, el Valedor do Pobo ha abierto una investigación de oficio. PSdeG y Compromiso por Galicia, por su parte, han recurrido al Parlamento para pedir amparo de la Xunta a los ayuntamientos, que insisten en reclamar las devoluciones de cinco años. En esta misma línea, la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) sostiene que, tras ponerse en contacto con todos los alcaldes para recabar sus demandas, ha convertido las incidencias con las eléctricas en asunto prioritario.