La oposición acusa a Ciscar de opaco y mentiroso

Según el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, las encuestas de opinión que paga el Consell con dinero público son “instrumentos de carácter auxiliar para elaborar informes internos que en ningún caso incluyen valoración de voto ni de líderes políticos”. El diputado de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) Ignacio Blanco explicó este lunes en las Cortes Valencianas que esa ha sido la respuesta reiterada cuando las ha pedido.

“Es mentira”, añadió, apoyando su afirmación con ejemplos de preguntas sobre el jefe del Consell, Alberto Fabra, sobre los portavoces parlamentarios en el debate de política general o sobre la opinión que un posible tripartito PSPV-Compromís-EUPV suscita entre los ciudadanos. Blanco pidió la “reprobación” de Ciscar por sus “respuestas mentirosas” y para defender “el noble arte de la política” frente al descrédito que sufre entre la ciudadanía.

Blanco encontró el apoyo de Mireia Mollà, de Compromís, que recordó que el Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Consell por negar información a la oposición y, concretamente, los sondeos de opinión. “El vicepresidente incumple la ley”, sentenció la diputada, que recordó que Ciscar ha “vulnerado derechos fundamentales”. El socialista Rafael Rubio secundó también la propuesta y añadió argumentos como el reciente plan de cuenca del Júcar, que consideró “una agresión a los intereses valencianos” que Ciscar no ha impedido como responsable de Agricultura, el reparto arbitrario de la publicidad institucional, o la persecución de funcionarios en busca del “topo” que filtraba información de Presidencia. “Un condenado en varios ocasiones por no facilitar información a parlamentarios, en cualquier país normal, se hubiera ido a casa”, concluyó.

Eduardo Ovejero, del PP, acusó a Blanco de “intentar convertir las Cortes en un minarete donde, convertido en muecín, invoca con sus soflamas de forma sibilina a la subversión”. El diputado aseguró que su grupo apoya “la actuación del vicepresidente porque no ha sido en absoluto censurable”.

Este mismo lunes se hizo público un informe de Transparencia Internacional que sitúa las Cortes Valencianas como uno de los parlamentos menos transparentes.

Los populares rechazaron la reprobación de Ciscar pero en la misma comisión parlamentaria aprobaron una proposición contra la cadena humana independentista del pasado 11 de septiembre, que tuvo un tramo en territorio valenciano. Rubén Ibáñez la calificó de “injerencia” y acusó a la oposición de actuar como “una sucursal catalana”. Rubio propuso una enmienda por la reforma de la Constitución y se preguntó con ironía si también considerará una “invasión” que vengan aficionados del Barcelona a la final de Copa en Mestalla con banderas independentistas. Blanco calificó la iniciativa de “política basura” y Mollà dijo que los populares recurren a esas cuestiones porque “están absolutamente derrotados”.