El fiscal abre diligencias por la acera del alcalde que Ourense endosó al Plan E

La acera de casa del alcalde de Ourense que debía pagar él pero que acabó endosando al Plan E, se abre paso en los juzgados. La fiscalía ha abierto diligencias penales tras la denuncia presentada por el PP en la que advierten presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El Ayuntamiento pagó en 2009 con dinero público la urbanización de la vivienda.

El regidor había depositado años atrás –todavía no ocupa cargo político alguno– un aval bancario de 10.600 euros porque la licencia concedida a su casa quedó condicionada a la ejecución de la acera. Pero una Junta de Gobierno de 2009 aprobó, con el voto de Fernández incluido, la reurbanización de su calle por 227.000 euros. Otra Junta de Gobierno posterior en la que Fernández sí se abstuvo ordenó la devolución del aval. Uno de los informes que posibilitó esa operación fue elaborado por un técnico municipal que es miembro de la ejecutiva local del PSdeG. La denuncia pone el foco penal en la presencia del regidor en la Junta de Gobierno que aprobó la reurbanización de la calle. Creen los populares que el alcalde debía de haberse abstenido ya que, en su opinión, tenía evidentes intereses en la obra. No solo la oposición considera irregular el uso de fondos públicos y la devolución del aval.

El interventor municipal ha emitido un informe por el que reclama al regidor el pago de 27.996 euros en concepto de cuotas de liquidación por la urbanización. El funcionario considera “ilegal” la licencia de ocupación concedida a Fernández y denuncia un “menoscabo de fondos públicos” por una “gestión urbanística negligente”. El interventor incluso asegura que el acuerdo de la Junta de Gobierno que ordenó devolver el aval bancario se produjo “sin amparo o fundamento legal”. Ahora debe ser la Concejalía de Urbanismo la encarga de tramitar la reclamación de ese capital.

La investigación judicial se inició justamente el día en el que alcalde ourensano aportó voluntariamente documentación sobre el caso. Tras su visita a los juzgados, Fernández denunció que se encuentra ante “una auténtica conspiración y una campaña de exterminio de un alcalde y de un gobierno municipal”. También aseguró que “si el interventor considera que ahora tengo que pagar, lo haré”. Además aprovechó para cuestionar por qué el alto funcionario solo se ha fijado en su caso, cuando “hay precedentes de lo contrario en casos idénticos”. “Me pregunto por qué se hace esto ahora con el alcalde de Ourense y no antes con otras personas y creo que todos sabemos por qué”, insistió para denunciar una cacería política. Por su parte, el PP exige que “pague lo que debe, pida perdón a los vecinos y dimita”.