La Guardia Civil desmonta en las Rías Baixas su unidad costera antinarcos

El Servicio Marítimo (Sermar) de la Guardia Civil de Pontevedra ha quedado en dique seco. La vigilancia y control del narcotráfico en las Rías Baixas que tenía asignada esta unidad desde hace 17 años ha pasado el testigo al SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior), que entró en funcionamiento a finales de 2013 después de un año de pruebas. Lo que iba a permanecer como complemento humano a las nuevas tecnologías, cubriendo amplias zonas de costa que están fuera del radio de acción de cámaras y radares, ha sido sin embargo desmantelado y ha generado un conflicto laboral.

Los drásticos recortes de las patrullas de vigilancia marítima —que solo afectan al sur de Galicia— han puesto en evidencia las carencias de un sistema insuficiente para cubrir los 350 kilómetros de costa irregular (desde Aguiño hasta A Guarda) y muy vulnerable a las incidencias climatológicas, cortes eléctricos o averías técnicas que obligan a un continuo mantenimiento y en el que se han invertido más de ocho millones de euros. “No cubre el 100% de la costa y necesitaría el doble de controles para ser operativo en una zona caliente como esta en el tráfico de drogas”, afirman expertos del instituto armado.

Desde el 1 de febrero, a los agentes de la Guardia Civil del Mar les han restringido drásticamente las salidas en lancha y se les han encargado nuevos cometidos ajenos a la lucha contra el narcotráfico, como la persecución del furtivismo a la que también se dedica el Seprona. Los dos barcos de la unidad con base en Marín han dejado de patrullar a jornada completa y solo salen dos veces por semana con turnos de ocho horas. Este servicio bajo mínimos ha afectado además a los ingresos económicos de los agentes, que pierden los complementos que percibían como integrantes de las tripulaciones.

El malestar por el desmantelamiento de la Guardia Civil del Mar ha puesto en pie de guerra al servicio. De los 47 agentes que estaban en activo, solo seis están operando en estas nuevas labores, otros cinco son personal de oficina y el resto (36) está de baja, psicológica la mayoría. “El servicio náutico ya no existe, lo han desintegrado”, aseguran fuentes de las asociaciones profesionales. El Sermar cuenta en su largo historial con importantes operaciones contra el tráfico de cocaína. En la pasada década interceptó el fondeo de 3.000 kilos frente a la isla de Ons. Dos años más tarde capturó en la ría de Vigo el primer narcosubmarino utilizado en España por traficantes gallegos y colombianos y en 2008 avistó la lanzadera que luego fue incendiada en la playa de A Lanzada (O Grove) de la que se recuperaron otros 1.500 kilos, siendo la principal prueba de cargo contra uno de los más importantes grupos de transportistas de Arousa. También participó en las investigaciones del pesquero Ratonero, que fue abordado con 1,7 toneladas en alta mar en 2012. El Sermar también tenía asignadas otras funciones, como labores humanitarias y auxilio a embarcaciones de pesca o recreo en las rías, pero la reestructuración del servicio y la parada técnica de las patrulleras hace inviable que puedan cubrir cualquier contingencia o emergencia. Ante un aviso de salida, las lanchas no serían operativas porque necesitarían media hora como mínimo para activar el protocolo de arranque de motores y puesta en marcha de los sistemas de navegación, sin contar el tiempo que tardaría la dotación en llegar al punto requerido.

“Han mutilado la flota y hemos perdido nuestra seña de identidad por una decisión arbitraria y absolutamente desacertada que pone a esta provincia como ejemplo de lo que no se debe hacer y sin importar que esta ría sea un coladero para las redes del narcotráfico”, apuntan, las asociaciones profesionales. La decisión de reducir turnos de vigilancia y amarrar las lanchas del Sermar fue comunicada a los agentes por el coronel jefe de Pontevedra. Sin embargo se mantienen las dotaciones de A Coruña y Lugo. Esta última, que se creó en julio de 2013, se provisionó con una lancha que operaba en las Rías Baixas. Este periódico ha intentado obtener la versión oficial de los nuevos cambios en la unidad pero un portavoz autorizado de la comandancia declinó la invitación. El conflicto laboral e interno que mantiene de baja al 90% de la plantilla ha llegado al Congreso de los Diputados. El diputado del PSOE Guillermo Meijón ha pedido al Ministerio del Interior que aclare las causas de estas bajas masivas y sus posibles efectos negativos en las actuaciones policiales como la prevención y erradicación del narcotráfico.