La Audiencia aparta a Alaya de las pesquisas sobre las facturas de UGT

El tribunal sostiene que otro juez había comenzado a investigar el caso, que está bajo secreto La fiscalía recurrió para evitar una hipotética nulidad

Mercedes Alaya, a su llegada este viernes a los juzgados.
Mercedes Alaya, a su llegada este viernes a los juzgados.Julián Rojas

Desde 2011, la juez Mercedes Alaya ha ido sumando un caso tras otro en una espiral que ha provocado que su juzgado multiplique la carga de trabajo y duplique instalaciones y personal. Desde ahora el volumen de expedientes en marcha se rebaja un poco porque la Audiencia de Sevilla ha apartado a Alaya de la investigación al sindicato UGT por las facturas vinculadas a cursos de formación, unas pesquisas incluidas en la pieza secreta que mantiene abierta.

Los jueces de la Audiencia determinan en un auto que otro magistrado ya estaba investigando los gastos inconvenientes imputados a subvenciones públicas y las irregularidades en la contabilidad de UGT antes que Alaya, y por ley el asunto debe quedar en manos del primer juez que abrió diligencias al respecto, avanzó la Cadena SER. Hace tres meses la magistrada ordenó registrar la sede central del sindicato en Sevilla y otro edificio en Córdoba, operación policial que contó con un gran despliegue de la Guardia Civil, que acordonó ambas sedes. En 2013 el principal sindicato andaluz ha sufrido dos relevos de su cúpula (Carmen Castilla sucedió a Francisco Fernández Sevilla y este a Manuel Pastrana seis meses antes). Pero sobre todo UGT ha padecido su mayor crisis por las facturas falsas halladas que destaparon gastos irregulares con subvenciones de la Junta de Andalucía destinadas a cursos de formación, pero gastadas en comidas de la Feria de Abril o gastos protocolarios, entre otros.

En el curso de la investigación de Alaya, la fiscalía presentó un recurso ante la Audiencia de Sevilla para evitar posibles nulidades que pudieran arruinar la instrucción en el futuro, dado que con anterioridad ya estaba en marcha otra investigación. Y ahora la Audiencia estima parcialmente este recurso.

Durante el pasado otoño el goteo de informaciones periodísticas que desgranaban irregularidades en la contabilidad de UGT fue continuo, y cada vez que surgía un nuevo titular periodístico el sindicato Manos Limpias presentaba una denuncia (hasta sumar en torno a una veintena) que por reparto recaía en diferentes juzgados que estos remitían a Alaya porque el juez decano sevillano, Francisco Guerrero, había decidido que esta las asumiera. Ahora la Audiencia ordena a Alaya que recomponga la causa y la derive a otro órgano competente, probablemente al Juzgado 9 de Instrucción de Sevilla, que en su día había comenzado a investigar.

El afán de Manos Limpias fue tal, que incluso presentó una denuncia en la Audiencia Nacional sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación. El juez Santiago Pedraz remitió la denuncia al juzgado de Alaya. “Ella tiene la causa y es ella la que ahora tiene que decidir”, aclararon fuentes jurídicas.

Los sindicatos UGT y CC OO aparecieron mencionados en el caso ERE por primera vez cuando trascendió una comisión del 0,5% del coste de cada expediente para cada sindicato, un porcentaje que a veces se elevó al 1%. Entonces Alaya fijó las comisiones de las centrales en 7,2 millones.

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Mientras, el pasado 12 de septiembre Alaya abrió unas nuevas diligencias que declaró secretas, por lo que su contenido exacto no ha trascendido. Eso sí, las diligencias están vinculadas con UGT y fruto de estas pesquisas se produjo la intervención policial para requisar ordenadores y abundante documentación en las sedes de la organización.

Un mes después, en octubre los dos dirigentes sindicales Roberto Carmona y Salvador Mera resultaron detenidos por la Guardia Civil y comparecieron para declarar como imputados dentro de la rama principal del caso ERE. Ambos responsabilizaron de su actuación a las centrales, y alegaron que no había existido lucro personal y que la comisión de los sindicatos fue un pago que las empresas siempre aceptaron, entre otras razones porque la factura corría a cuenta de la Junta.

La próxima semana se aclarará qué parte de la investigación afectada por el secreto de Alaya se deriva a otro juzgado y cuántas ayudas están vinculadas a los cursos de formación.

Seguimiento judicial a los sindicatos

Los frentes judiciales que el sindicato UGT Andalucía mantiene abiertos convergen en la juez Mercedes Alaya. Sin embargo, desde la semana que viene, algunos de estos asuntos serán derivados a otro juzgado que investigó a la central con anterioridad, probablemente el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla. Este desvío de asuntos desde el juzgado de Alaya es consecuencia de un auto de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que ha estimado parcialmente el recurso de la fiscalía, que buscaba evitar nulidades que afectaran a la instrucción.

Los jueces apartan a Alaya de esta investigación tras las numerosas denuncias presentadas por el sindicato Manos Limpias, que respondían a las informaciones periodísticas sobre los gastos inconvenientes de UGT, un goteo constante durante el pasado otoño. Es probable que Alaya retenga parte de las pesquisas que afectan al sindicato, como las que estudian el cobro de comisiones que la juez estima ilegales, entre un 0,5 y un 1% del coste de cada expediente.

En su investigación, Alaya ha extendido las pesquisas de la Guardia Civil sobre el sindicato a las cuentas de UGT en Valencia y CC OO y UGT en el País Vasco. Alaya atendía la petición de la Guardia Civil y ordenaba a varias entidades bancarias que detallaran las cuentas asociadas a las organizaciones.

Mientras, existen varias líneas abiertas que afectan al sindicato UGT surgidas a partir del exsindicalista y conseguidor Juan Lanzas, uno de los principales implicados del caso ERE y vértice clave para el éxito de numerosos expedientes.

La crisis de las facturas falsas por gastos inconvenientes de subvenciones de la Junta costó al sindicato la renuncia de su secretario general, Francisco Fernández Sevilla, que solo seis meses antes había sucedido al histórico dirigente Manuel Pastrana. Carmen Castilla sucedió a Fernández Sevilla y la central mantiene su archivo precintado por orden judicial.

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