Colas de inmigrantes al raso para conseguir ‘papeles’ en Orihuela

Los registros civiles de Orihuela y Elche están colapsados. En el primer caso, los dos funcionarios no dan abasto y cada mañana solo pueden atender a 35 personas. Decenas de inmigrantes, que buscan regularizar su situación, hacen cola durante días, pasan la noche al raso y algunos se van turnando y duermen en el coche.

La gestión telemática, vía Internet, todavía no ha llegado a los juzgados y el servicio se presta bajo la presión de los recortes de personal y la falta de medios técnicos.

La Consejería de Gobernación y Justicia admite que han llegado quejas de Orihuela, y reconocen que “están viendo la posibilidad de reforzar” los medios tanto técnicos como humanos, pero consideran que el problema es “puntual”. En Elche la consejería ha enviado, para este semestre, a dos funcionarios de apoyo para un servicio que está “masificado”.

El exconsejero, Jorge Cabré, en marzo de 2012, en una respuesta a la diputada socialista Modesta Salazar, anunció la “inmediata puesta en marcha de la cita previa on line”, como está en Alicante, Benidorm, Castellón, Torrevieja, Torrent y Valencia. Con meses de retraso llegó la cita previa, pero como no hay personal las demoras se acumulan. En el Registro Civil de Elche las consultas para atención general se dan para dentro tres meses, las de nacionalidad dentro de nueve meses, juramentos de nacionalidad para octubre y una fecha de boda civil a partir de octubre.

Los recortes de personal y la falta de medios provocan que la sombra de la privatización planeé sobre este servicio. En una época de recortes y en la que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, insiste una y otra vez, tanto en público como en privado, que hay que “adelgazar la administración”, este servicio es muy tentador para que las empresas privadas asuman su gestión.

La diputada socialista en Las Cortes, Modesta Salazar, recuerda que el modus operandi del PP es “primero desmantelar de personal y de recursos, para luego privatizar como solución a un mal funcionamiento”.

Los socialistas recuerdan que se invirtieron 128 millones de euros para la digitalización de los registros civiles con fondos del Plan Avanza, y ahora se pretende, según Salazar, “regalar” a los registradores de la propiedad trámites como el que ya están resolviendo de juramentos de nacionalidad. La diputada ilicitana ha presentado una pregunta por escrito en la comisión correspondiente de las Cortes Valencianas para saber si renovarán a los dos funcionarios de apoyo que han destinado a Elche, donde los problemas y retrasos persisten.

Desde el PP, la diputada del PP, Elena Bonet, destaca que se han reforzado treinta órganos judiciales este semestre, entre ellos los de Elche, con un presupuesto de 700.000 euros. Y la directora territorial de Gobernación, Araceli Martínez, admitió el año pasado que “el colapso del servicio era evidente, pero la consejería no puede nombrar más funcionarios si el Gobierno no crea plazas”.

Alicante cuenta con dos registros, con 27 funcionarios, mientras que en Elche solo hay 9 para toda la comarca del Vinalopó.