Condena a los dueños de la panificadora en la que un ‘sin papeles’ perdió un brazo

Los dos dueños de una panadería industrial de Gandia (Valencia) en la que un inmigrante en situación irregular y sin contrato perdió un brazo en mayo de 2009 han aceptado una condena de un total de dos años de cárcel en un juicio celebrado este martes. Durante la vista en el Juzgado de lo Penal número 1 de la localidad, los empresarios han mostrado su conformidad con una pena de 11 meses y 29 días por un delito contra los derechos de los trabajadores (en concurso ideal con lesiones por imprudencia grave), y un año y un día más de cárcel por la contratación ilegal.

Según han informado fuentes jurídicas, a los acusados se les han leído los hechos durante la vista por el procedimiento de conformidad. Los hermanos Juan Javier y Raúl Rovira Mengual  han admitido los delitos y han reconocido su culpabilidad, por lo que el juzgado ha dictado sentencia in voce. En este caso, la indemnización a la víctima -un total de 130.242 euros- ya fue abonada en su día por la aseguradora. Los condenados no entrarán en prisión siempre y cuando no vuelvan a delinquir en el plazo de dos años.

El suceso ocurrió en la madrugada del 28 de mayo de 2009 sobre las 00.15. La víctima, Franns Rilles Melgar, de nacionalidad boliviana y en situación irregular en España, se encontraba trabajando -sin contrato y sin estar dado de alta en la Seguridad Social- en la panadería industrial Hornos Rovira Safor, SL.

Rilles Melgar estaba manipulando una máquina amasadora sin haber recibido ningún curso y ninguna formación de los riesgos que corría en su utilización, según se indicaba en la calificación del fiscal, que pedía originalmente seis años de prisión para los acusados. Además, la mercantil carecía de un plan de riesgos laborales y los sistemas de seguridad estaban inoperativos, ya que la máquina funcionaba con la rejilla de seguridad levantada.

El hombre sufrió el accidente al verter la levadura en el interior de la amasadora con la rejilla retirada, lo que derivó en la amputación traumática de su brazo izquierdo por encima del codo. Precisó 140 días de curación. El inmigrante fue abandonado a 200 metros de un centro hospitalario por los acusados, que limpiaron las huellas del accidente en la empresa y tiraron el brazo amputado a la basura.

Según la fiscalía, los ahora condenados eran conscientes de que la máquina amasadora en la que se registró el accidente no tenía operativo el dispositivo de seguridad. Además, entre 2006 y 2009 emplearon a entre cuatro y ocho personas de forma irregular. Estos empleados trabajaban más de ocho horas diarias y percibían aproximadamente 700 euros mensuales, según el escrito del ministerio público.

Tras el accidente, la Inspección de Trabajo de Valencia levantó actas por falta muy grave a la mercantil y efectuó un recargo de las prestaciones de la seguridad social en un 50% a favor del empleado lesionado. Por su parte, la víctima vio regularizada su situación en España y le fue concedida una pensión por incapacidad.

En su declaración en la fase de instrucción, los acusados alegaron que no tenían ninguna responsabilidad en lo sucedido porque las medidas de seguridad fueron manipuladas por los trabajadores, y aseveraron que se deshicieron del brazo del joven boliviano porque consideraron que era inservible por estar totalmente destrozado.

También declararon que trasladaron al trabajador hasta el hospital para que fuera atendido, algo que la víctima -que tenía entonces 33 años- ha negado siempre. Según su relato, le abandonaron cerca del hospital.

A las penas impuestas se añaden cinco meses y 29 días de multa, a razón de siete euros diarios (un total de 1.253 euros).