La juez del metro niega que se hayan mermado derechos a los letrados
Nieves Molina sale al paso de los plantes de las acusaciones particulares y de la fiscalía
La juez Nieves Molina, que investiga el accidente del metro de julio de 2006, negó este lunes en una providencia que haya habido merma en el derecho de defensa que ejercen los abogados en el proceso de instrucción y aseguró desconocer “a qué estrategia responde” la actuación de los letrados que la semana pasada se negaron a interrogar testigos porque necesitaban más tiempo para analizar la documentación relacionada con el caso.
La magistrada respondió a las manifestaciones realizadas durante la práctica de unas declaraciones de testigos el jueves 13 de febrero por parte de ministerio fiscal y los letrados de las acusaciones particulares, entre ellas la Asociación de Víctimas del Metro-3J (AVM3J). Abogados y fiscal declinaron interrogar a los declarantes —empleados de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)— al considerar que los plazos fijados para las comparecencias y la antelación con la que se comunicaban a las partes vulneraban el derecho a una tutela judicial efectiva. Alegaron que imposibilitaba la preparación de los testimonios y el análisis de la documentación.
Molina aseguró que tanto fiscal como letrados fueron informados el pasado 7 de febrero del aplazamiento de las declaraciones al jueves 13.
De la falta de documentación, la magistrada responde que las partes “disponen ya de toda la documentación, a excepción de lo interesado por la fabricante CAF", si bien señala que ya está aportada al procedimiento desde 2007.
La jueza Nieves Molina niega a las acusaciones particulares y al Ministerio Fiscal, más tiempo para preparar las declaraciones, y analizar la documentación presentada a juzgado.
Reacción de la AVM3J
La Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVM3J) emitió un breve comunicado tras conocer la providencia de la juez Nieves Molina. “Lamentamos que la juez se plantee qué estrategias se están siguiendo para hacer estas demandas, en lugar de interpretar que tanto las partes como el Ministerio fiscal únicamente necesitan más tiempo para realizar la mejor instrucción posible, algo que no parece ser la prioridad de la magistrada del Juzgados de Instrucción número 21”.
La magistrada archivó en 2007 el caso. Es la segunda vez que lo instruye, a petición de la fiscalía y la orden de la Audiencia Provincial de Valencia.
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