El alcalde de Jaén desoye al juez y condiciona el servicio de dependencia

Lejos de clarificar el conflicto, el auto judicial que obliga al Ayuntamiento de Jaén a seguir prestando la ayuda a domicilio a dependientes ha acentuado las posiciones antagónicas que en este tema separan al Consistorio jiennense y a la Junta de Andalucía. El alcalde de Jaén, el popular José Enrique Fernández de Moya, ha desoído el requerimiento judicial para seguir atendiendo a las personas más vulnerables hasta que se sustancie el fondo del asunto sobre las competencias en la gestión. Y, en una peculiar interpretación del auto, muestra su “satisfacción” porque el Juzgado obligue a la Junta, gobernada por PSOE e IU, a negociar un nuevo convenio, para el cual ya ha puesto sus propias condiciones.

La prueba inequívoca de que el gobierno municipal de Jaén sigue enrocado en su negativa a prestar el servicio es el anuncio del concejal de Hacienda, Miguel Contreras, de que el Ayuntamiento va a consignar en el Juzgado todos los pagos que reciba de la Junta por la dependencia desde que rompió el anterior convenio, el pasado 3 de diciembre, y hasta que haya una sentencia firme sobre el fondo del asunto.

La primera cantidad a consignar serán parte de los 318.500 euros que la Junta abonó la semana pasada al Consistorio por la dependencia de diciembre y enero. Un dinero que las trabajadoras de la empresa concesionaria de la ayuda a domicilio esperaban como agua de mayo para poder cobrar la nómina de enero.

El equipo de gobierno jiennense se felicita porque el juez admita el “quebranto económico” derivado de los impagos de la Junta, al tiempo que sigue presionando a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales para negociar un nuevo convenio para la prestación de la ayuda a domicilio vinculada a la Ley de Dependencia.

“El auto ha obligado a la Junta a mover ficha”, declaró este martes en Córdoba el alcalde jiennense. Fernández de Moya condiciona el nuevo convenio al compromiso de la Junta de pagar antes de 60 días, o asumir en caso contrario los intereses de demora, y se compromete también a crear una cuenta restringida donde ingresar todos los pagos de la dependencia.

Mientras tanto, el Gobierno andaluz cree que alcalde jiennense “ya no tiene ninguna excusa” para no cumplir con la Ley de Dependencia, tras el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3. El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, señaló en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno que el juez da la “razón por completo” a la Junta de Andalucía y está diciendo de manera “firme y contundente que es el Ayuntamiento el que tiene que prestar el servicio de atención domiciliaria, algo que estaba negando”. Tras apuntar que la Junta está al corriente de los pagos, añadió que el juez “ha dado un tirón de orejas en toda regla” al Ayuntamiento de Jaén, “que se tiene que poner manos a la obra a atender la atención domiciliaria y no jugar con el dolor de las personas que necesitan ese servicio”, informa Europa Press.

También el secretario general del PSOE local, Manuel Fernández, exigió al alcalde jiennense que retome “en su totalidad, de inmediato y sin excusas” el servicio de ayuda a domicilio de la Ley de la Dependencia después de la decisión judicial que cautelarmente le obliga a hacerse cargo de él como establece la ley.

Fernández lamentó los tres meses en los que el alcalde “ha estado experimentando de forma macabra” con 430 enfermos y 200 trabajadoras "cuyo único sustento en sus casas es el que perciben por esta actividad".

Tanto la Junta como los sindicatos creen que la renuncia del Ayuntamiento está afectando a numerosos dependientes que están a la espera de que se tramite su alta en el servicio. Sin embargo, la concejala de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, indicó que el Ayuntamiento “en ningún momento ha hecho dejación de funciones de su labor administrativa”. Y recalcó: “Nosotros no podemos dar ni altas ni bajas porque no tenemos competencia para ello, es la Junta la única responsable y no es de recibo que existan personas esperando más de un año para percibir el servicio que les corresponde”.