El negocio de ser del PP
El popular Ángel Espadas abrió los despachos de alcaldes y conselleiros a empresarios Buscaban que les “echasen una mano” en concursos públicos
Ángel Espadas fue un hombre magníficamente relacionado dentro de la familia del PP de Galicia pero con una carrera política accidentada. Mano derecha del defenestrado exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, tuvo que dimitir como candidato al Ayuntamiento en 2011 porque fue pillado ebrio al volante y, tras ser resucitado como jefe de gabinete del regidor cuando el PP ganó las elecciones, fue destituido en 2012 después de que su jefe dejara el cargo por un fraude fiscal.
Esos golpes que lo acabaron echando del despacho del consistorio no arruinaron, sin embargo, el mayor capital político de Espadas. Apenas un mes después de dejar el Ayuntamiento de la capital gallega, el ahora imputado en el caso Pokémon por cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada entró en nómina de varias empresas para abrirles los despachos de los cargos públicos de su partido que adjudicaban contratos desde consellerías, diputaciones y ayuntamientos. En mayo de 2012, apenas un mes después de ser destituido como en el Ayuntamiento, Espadas negoció un sueldo con dos constructoras que acababan de aliarse —la gallega Unika y la vasca Inbisa— y con Aquagest, concesionaria de aguas de Santiago. Según los pinchazos de la Pokémon, Espadas empezó a cobrar unos 3.000 euros al mes de estas compañías. “Les sales regalado”, le dijo por teléfono su esposa al exdirigente popular. Aquella primavera, según se desprende de las investigaciones, Ángel Espadas, Puñales para la trama, volvió a florecer en el PP, esta vez como representante de empresarios ávidos de que les “echaran una mano” para lograr contratas públicas.
Las escuchas del sumario dejan claro que Espadas se afanó en ganarse el sueldo. El 3 de julio de 2012, a las 20.30 horas, ya tenía concertada una reunión con el conselleiro de Infraestructuras, Agustín Hernández. Según le contó Espadas al gerente de la constructora Unika, Francisco Sánchez Varela, el encuentro, de hora y cuarto, fue “muy bien”. Hernández le preguntó “en qué podía echarle una mano” y, tras hablar de “Sogama, la rotonda de Sabón [en Arteixo] y el tema de Vilamarín”, fijaron una comida para finales de mes entre el conselleiro, el directivo de la constructora y el propio Espadas. “Ángel, en esta vida hay que tener paciencia y la legislatura es muy larga”, le dijo el conselleiro de Feijóo, según contó por teléfono el exconcejal. El trabajo de Espadas, licenciado en Física por la Universidad de Santiago y fundador de la Asociación Liberal de Estudiantes, consistía básicamente en “tirar de agenda”, decía él. Así lo hizo con el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira. El 12 de julio de 2012, a las 13.45 horas, agentes apostados en María Pita observaron cómo Espadas franqueaba la puerta del Ayuntamiento y cómo al salir, sobre las 15 horas, se reunía en esa misma plaza con su amigo José Luis Míguez, alias El Pesetas, entonces gerente de Aquagest en Santiago e imputado en la operación, para comer juntos.
Las escuchas policiales captan al que fue secretario de Organización del PP compostelano relatando su entrevista con el regidor coruñés, a quien entregó, dice, “un papeliño” con “unas cosas”. Negreira le advierte que “en el Ayuntamiento, alguna cosa de servicios, pero que de obra nada a corto o medio plazo”, afirma posteriormente Espadas, quien en esa reunión con el alcalde pactó una segunda cita a la que da mucha importancia: una comida en la que Negreira compartirá mesa y mantel con directivos de Aquagest, una de las empresas que, según admite el exconcejal popular, le pagan el sueldo. Espadas no escondía su peregrinaje por los despachos. Tras salir del encuentro con Negreira, llama a Paula Prado, excompañera suya en la corporación compostelana y actual portavoz del PP de Galicia, para informarle de “que estuvo con este [por Negreira] hasta las 15.15 horas”. Tras esta llamada, Espadas telefonea a su mujer, que le pregunta si el alcalde de A Coruña tiene algo para él de “trabajo”. “No hay gran cosa”, le responde Espadas, aunque ha logrado, añade, que el regidor coma con los mandamases de Aquagest. ¿Pero qué negocio veía esta empresa de aguas en una ciudad, A Coruña, en la que el abastecimiento está en manos de una compañía municipal, Emalcsa? Los investigadores graban a Míguez, El Pesetas, confesando su interés en Smartcities, “un proyecto de cinco millones” financiado por la UE pero adjudicado por el gobierno coruñés, que incluye inversiones en tecnología relacionada con el agua. “Como es importante la participación de empresas locales, habría que saber en qué empresas estaría interesado el Ayuntamiento de A Coruña”, afirman los directivos de Aquagest ignorando que estaban siendo grabados por los agentes.
Según consta en la parte desvelada del sumario, Espadas también medió entre el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra —el popular José Crespo— y la empresa GRS, interesada en un concurso que finalmente no ganó. Pese a que el exdirigente del PP veía en Crespo “cierta receptividad e interés en echar una mano”, los empresarios a los que ofrecía sus servicios le recriminaron el fiasco: “Eso está mamoneado por los técnicos”, se excusó Espadas. Según asegura en los pinchazos, Espadas mantiene contactos con los alcaldes populares de Ferrol, Santa Comba (el gerente de la constructora Unika le pide que “básicamente les dé” una obra) y Boqueixón (este último también imputado). Y el 7 de agosto de 2012 se reúne incluso con la conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana, dice él, para abordar un favor que le pide alguien sin identificar relacionado con “una plaza en el Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Lugo”. La crucial comida de Espadas y sus aliados de Aquagest con Negreira y el concejal que gestiona el proyecto Smartcities en A Coruña, Martín Fernández Prado, se fija para el 6 de septiembre de 2012. Lo que ocurrió en aquella cita se mantiene de momento oculto por el secreto de sumario.
El BNG censura las “ventajas” de Vendex con la ORA de A Coruña
El grupo municipal del BNG de A Coruña denunció ayer que del sumario de la Operación Pokémon se desprende que Doal, empresa que pertenece al grupo Vendex y que en 2005 obtuvo en A Coruña la concesión de la ORA, parece que “siempre jugó con ventaja”. En un comunicado, los nacionalistas afirman que, “con independencia de que existan o no responsabilidades penales”, de la lectura del sumario se deduce que Doal disfrutaba de “información” municipal sobre este servicio a la que accedía gracias a contactos con cargos del PP. Según el Bloque, esta información privilegiada también se refleja en el “incremento de ingresos” que le supuso para la empresa la ampliación de la ORA acordada por el gobierno municipal del PP, cuyo número dos, el teniente de alcalde Julio Flores, está imputado.
Las “ventajas” se fraguaron gracias a una “serie de informaciones” logradas por Vendex a través de “contactos telefónicos y personales” que su gerente en Galicia mantiene con Flores. “Uno de estos contactos telefónicos fue desde una sesión de la propia junta del gobierno local”, el 2 de diciembre de 2011, “días previos a la ampliación de la ORA, para solicitar una aclaración sobre su tarificación”, denuncia el BNG.
Vigilancia Aduanera, subrayan los nacionalistas, “se fija en el incremento de los pagos” a la filial de Vendex sin “ninguna contraprestación” de la empresa para el Ayuntamiento coruñés, lo que supone “un incremento de beneficios” del grupo empresarial implicado en la operación.El Bloque destaca que el sumario “recoge felicitaciones” que le hacen al delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, sus compañeros y colaboradores así como un mensaje que dice: “Enhorabuena por lo de la ORA”.
“Pacto de punto final”
Por otro lado, Esquerda Unida (EU) denunció ayer que ve “indicios de construcción” de “un pacto de punto final” para los casos de corrupción en Galicia y advierte de que no permanecerá “callada”. EU percibe una “campaña mediática” de “lavado de cara” de los imputados, al tiempo que arremete contra “la concreción de pactos de silencio” de “los graves casos de corrupción en Galicia que implican a PP, PSOE y BNG”. La formación considera que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, incurre en una “defensa velada” del “modelo caciquil y clientelar”, que “atesoran cientos de ayuntamientos gallegos desde el franquismo”.
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