A juicio Joan Aymerich, exalcalde de Sant Cugat, por prevaricar

Los hechos se remontan al inicio de la década de los 90, cuando el Consistorio impulsó actuaciones urbanísticas en Can Mate

Una juez de Rubí (Barcelona) ha acordado enviar a juicio al exalcalde de Sant Cugat del Vallès Joan Aymerich (CiU), acusado de prevaricar al cometer supuestas irregularidades urbanísticas para favorecer el asentamiento de una empresa en el municipio con una permuta que perjudicó a otros interesados.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 4 de Rubí (Barcelona) acuerda enviar a juicio a Aymerich -que fue alcalde entre 1987 y 1999-, así como al que fue jefe de Urbanismo del consistorio durante el mismo periodo, Juan Francisco Borrás; al exjefe del servicio jurídico de Urbanismo Eduard Graell; al ex arquitecto municipal Vicente Tort, y al exjefe de gestión urbanismo José María Casanovas. En el auto, la juez impone a los cinco imputados una fianza conjunta de 5,5 millones de euros, en la que figura como responsable civil el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar de la causa, decretando el embargo de bienes si no se deposita.

La juez sostiene que existen "verdaderos indicios racionales de criminalidad" contra los acusados, para los que la Fiscalía pide una condena de hasta cinco años de inhabilitación para ocupar un cargo público. Los hechos, en los que el fiscal aprecia la eximente de dilaciones indebidas por la larga instrucción del caso -que llegó a estar en manos del TSJC durante los años en que Aymerich fue diputado del Parlament, en las legislaturas de 1992 y 1995-, se remontan al inicio de la década de los 90, cuando el consistorio impulsó varias actuaciones urbanísticas en el sector de Can Mates. Según sostiene la juez, el Consistorio presidido por Aymerich cometió supuestamente, al menos, cinco irregularidades urbanísticas para favorecer el asentamiento de Boehringer Inhelheim SA en la zona, "en detrimento de otros propietarios, que vieron frustradas sus legítimas expectativas". El origen de las supuestas irregularidades se remonta a un convenio de compraventa-permuta firmado en 1993 entre el ayuntamiento y la empresa, que fue ratificado de forma arbitraria, según la juez, ya que se prescindió de la publicidad registral y se ignoraron "absolutamente" los derechos de los demás propietarios.

La juez sostiene que existen "verdaderos indicios racionales de criminalidad" contra los acusados

Entre los propietarios afectados por la permuta figuraba un vecino, que se querelló contra el Consistorio, lo que permitió abrir la investigación que ha llevado finalmente a la juez a enviar al exalcalde a juicio. La juez entiende que en este convenio de permuta se cometió una "flagrante actuación contraria a las normas urbanísticas", ya que regularizó unas fincas prescindiendo del reglamento de bienes de las entidades locales. Además, la juez considera que el posterior Proyecto de Reparcelación, aprobado en un pleno en 1994, se acordó en virtud de una manifestación de bienes de Boehringer Inhelheim SA "que no era ni legal ni clara", ya que no se ajustaba a las normas administrativas ni estaban definida su titularidad.

De hecho, este Proyecto de Reparcelación acabó siendo declarado nulo en 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que consideró irregular que se obligara a todos los propietarios afectados a sufragar las obras de gran coste económico que debían ser asumidas por la administración. El TSJC también tumbó este Proyecto de Reparcelación porque se exigía a los propietarios satisfacer los gastos de urbanización del 10 % de aprovechamiento medio, que correspondía al ayuntamiento. Además, el Proyecto de Reparcelación beneficiaba a la empresa y al Consistorio ya que les atribuía suelos industriales, de mayor valor, mientras que al resto de propietarios les atribuía suelo terciario, sin permitir que se compensaran estas desigualdades a través de coeficientes de corrección.

La juez resalta que el Proyecto de Reparcelación supuso un resultado positivo de 402.000 euros de ahorro para la empresa, mientras que para el resto de propietarios les supuso un sobrecoste de 3,3 millones

La juez resalta en el auto las desigualdades del valor económico del Proyecto de Reparcelación, ya que supuso un resultado positivo de 402.000 euros (67 millones de pesetas) de ahorro para la empresa, mientras que para el resto de propietarios les supuso un sobrecoste de 3,3 millones de euros (557 millones de pesetas). Según la juez, el nuevo planteamiento urbanístico "no tenía otra finalidad que permitir el asentamiento de grandes empresas, adoleciendo de un estudio económico-financiero que atribuyera viabilidad económica al mismo".

El Ayuntamiento concedió finalmente en 1997 licencia de actividades a Boehringer Inhelheim SA sin que se hubiera verificado la ocupación del edificio, según la juez. Y remarca en el auto que durante los años en los que el consistorio cometía una actuación irregular administrativa el querellante -representado por el abogado Sergi Mercé Klein- presentó varios recursos, "que fueron desoídos o sencillamente no contestados" por el Ayuntamiento.

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