Un juzgado cita a Fabra a un acto de conciliación por la moción de Orihuela

El Juzgado de Primera Instancia número 19 de Valencia ha fijado para el próximo 18 de febrero el acto de conciliación previo a la demanda de la edil socialista Carolina Gracia contra el jefe del Consell, Alberto Fabra, por unas declaraciones que realizó sobre la moción de censura de Orihuela, que no llegó a celebrarse y con la que el PP pretendía desbancar el pasado enero al gobierno local de Los Verdes y el PSPV.

Fabra fue preguntado en una rueda de prensa por la decisión de la mesa de edad del pleno de Orihuela de rechazar la tramitación de la moción de censura presentada por el PP y dos ediles del CLR, Pedro Mancebo y Juan Ignacio López-Bas, contra el gobierno local (PSPV y Els Verds). El presidente del Consell aseguró que negarse a realizar la moción a pesar de que la avalara un informe del secretario municipal, es "prevaricación", y señaló que las personas que lo han decidido "tendrán que dar cuenta a la Justicia".

Los dos miembros de la citada mesa de edad -el edil no adscrito Bob Houliston y la socialista Carolina Gracia- acordaron que la moción -la tercera presentada por el PP en Orihuela en los últimos seis meses- no reunía los requisitos exigidos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, al entender que Mancebo y López-Bas son "concejales no adscritos" y, por tanto, no pueden respaldarla.

Las referidas manifestaciones de Fabra sobre la decisión de la mesa de edad de no tramitar la moción motivaron que Gracia interpusiera el pasado 8 de enero una demanda de conciliación en defensa de sus derechos en los juzgados previa al ejercicio de las acciones pertinentes por "calumnias e injurias" contra el jefe del Consell, para que se retractase de esas palabras.

Según la cédula de citación, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Valencia ha fijado el acto de conciliación para el próximo 18 de febrero a las 9.35.

En su demanda, Gracia sostiene, entre otras consideraciones, que existe una colisión entre el derecho a la libertad de expresión de Fabra y el derecho al honor suyo.

En este sentido, expone que "no resulta constitucionalmente protegido como libertad de expresión la atribución gratuita a persona concreta, aun cuando sea una persona pública, de hechos delictivos que, inexcusablemente, le hacen desmerecer en el público aprecio y que son reprochables de toda evidencia". "Por lo que las afirmaciones realizadas con publicidad por el demandado (Fabra) constituyen intromisión ilegítima contra quienes ostentan la condición de concejales del Ayuntamiento de Orihuela", añade.

Para la edil socialista, "no está justificada la extralimitación del ejercicio de la libertad de información y expresión, tal como está constitucionalmente configurada, cuando tales expresiones tienen un manifiesto carácter calumnioso e injurioso" para Gracia y el también edil Houliston, a los que se atribuye gratuitamente la comisión de delitos (...)".