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Altos cargos de Blasco firmaban las ayudas sin comprobar su legalidad

Alexandre Català solo responde las defensas y niega tratos con Tauroni

El exsubsecretario niega instrucciones para manipular expedientes de ayuda

El ex director general Josep Maria Felip afirma que solo certificó el final del procedimiento

El exsubsecretario de Solidaridad, Alexandre Català, a su llegada al TSJ.
El exsubsecretario de Solidaridad, Alexandre Català, a su llegada al TSJ.

No lo hacían porque no era de su competencia y porque la confianza es un principio rector de las relaciones en el seno de la Administración. De modo que firmaban resoluciones de ayudas, facturas y expedientes sin comprobar ni su contenido ni su legalidad. Incluso cuando ya habían saltado las alarmas en algún caso por presuntas irregularidades. Lo afirmó este jueves en repetidas ocasiones el exsubsecretario de la Consejería de Solidaridad, Alexandre Català.

“Si las personas a las que corresponde han dado por buenas unas facturas y han rechazado otras, por confianza en la gestión, les doy el visto bueno”, declaró el también profesor de Derecho Constitucional, en el juicio abierto en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se juzga el supuesto saqueo de las ayudas a la cooperación de 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua (donde solo llegaron 43.000 euros), concedidas por la consejería dirigida por Rafael Blasco, también procesado.

El fiscal pide 13 años de prisión para Català por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsificación documental. En relación con este último cargo, el abogado defensor de los responsables de la Fundación Cyes —en el epicentro de la pieza por la compra de pisos con las subvenciones y por su supuesta falta de experiencia para recibirlas— le preguntó por la documentación remitida a la Fiscalía relacionada con las facturas admitidas y excluidas de esta ONG que habría sido manipulada para limpiarla de irregularidades, según la instrucción.

Tras recordar que rubricó centenares de documentos por su cargo, Català reconoció que la había firmado y explicó su versión de los hechos: Tras aparecer la información sobre la compra de pisos, publicada por EL PAÍS, Blasco reunió a su cúpula y dijo que era conveniente remitir el expediente a la Fiscalía y ponerlo a disposición pública, de los grupos parlamentarios, de los medios de comunicación y de las ONG.

Blasco les aseguró que los expedientes eran “correctos”, pero pidió que los ordenaran e hicieran una tabla. “De manipular o de cambiar, nada en absoluto”, apostilló Catalá. “Dijeron que estaban muy desordenados, como saqueados”, añadió. Y sobre el motivo de que se fechara en julio de 2010 cuando se elaboró en octubre, contestó: “No lo sé porque no estuve presente ni en la concepción de las tablas ni vi ningún tipo de instrucción de cómo había que elaborar ese documento. Cuando me lo pasaron lo firmé y en ese momento no caí en la fecha”.

También negó cualquier participación en los expedientes, más allá de su firma, el exdirector general de Inmigración y Cooperación, Josep Maria Felip. Se escudó en el “principio de confianza y de buena fe” para explicar su firma en los certificados de cierre de expedientes de la Fundación Cyes. Sólo hizo de “correa de distribución”.

El ex director general de Cooperación Josep Maria Felip (izquierda), a su llegada al TSJ.
El ex director general de Cooperación Josep Maria Felip (izquierda), a su llegada al TSJ.

Indicó que los expedientes “ya estaban cerrados administrativamente”, y que él firmó unos certificados para trasladarlos a su fiscalización. “Acto reglado, acto firmado”, aseveró. Los expedientes se los hizo llegar el jefe de Área de Cooperación, Marc Llinares, también sentado en el banquillo. Felip pidió la dimisión de Llinares a Blasco cuando salieron a la luz pública papeles del citado expediente porque él era el encargado de la custodia de los documentos públicos. El exconsejero le respondió que se “dejara de historias”, que lo fundamental era “dar respuesta a la situación”, según sostuvo Felip. “La orden del consejero era transparencia y respuesta política”, agregó.

Felip, que afronta una petición de 10 años de prisión, también respondió sólo a las defensas y centró su declaración en que cuando asumió las competencias de Cooperación en mayo de 2010, por petición de Blasco, ya se habían tramitado y gestionado las ayudas a la Fundación Cyes y que sólo se encargó de firmar el certificado de trámite.

Los acusados señalan a los funcionarios

F. B., Valencia

Los cinco altos cargos de la extinta Solidaridad, incluido el consejero Rafael Blasco, que han declarado de momento en la vista abierta por el llamado caso Cooperación —el sexto ha sido el empresario Augusto César Tauroni— han descargado la responsabilidad de presuntas irregularidades en los funcionarios. No hacían más que firmar y tramitar las decisiones adoptadas por los técnicos y funcionarios. Se regían por los principios de “buena fe” y de “confianza” entre los trabajadores de la administración. Principios que han sido invocados por los acusados en sus declaraciones, antes de que empiecen a desfilar para testificar los funcionarios y técnicos mencionados en un juicio que arrancó el 7 de enero y está previsto que dure más de dos meses. Otro denominador común en las declaraciones es que nadie era amigo de nadie y mucho menos de Tauroni, el empresario que la Fiscalía considera el cabecilla de la trama, en prisión provisional.

De momento, quien no ha podido formular ninguna pregunta es la abogada de la Generalitat. Todos los acusados han rechazado tal posibilidad. Ayer, el exsubsecretario de la consejería de Solidaridad Alexandre Català anunció acciones legales contra la Abogacía de la Generalitat. Aseguró sentirse “traicionado” al ser primer asistido por ella y posteriormente representado hasta que se constituyó en acusación particular. Felip secundó sus palabras. Las defensas han intentado apartar a la Generalitat del proceso por considerar que lo contamina.

Quien no habló ayer tampoco fue la Fiscalía Anticorrupción. En su legítimo derecho de defensa, Català y Felip no se sometieron a sus preguntas. Y cuando sólo se atiende a la defensa, el interrogatorio pierde tensión. Únicamente, el abogado de los dos responsables procesados de la Fundación Cyes (Marcial López y María Josefa Cervera) ha incomodado a algunos acusados con sus largos interrogatorios, acompañados de exhibición de facturas y documentos, con aparente intención de demostrar que la ONG cumplió y que si hubo irregularidades y manipulación de facturas no fue por su culpa. Català llegó a comentar a este letrado: “Ya me ha superado. Me ha mareado”.

A preguntas de los informadores, también se pronunció ayer el síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt. Señaló que los pisos que compró la Fundación Cyes con ayudas de Solidaridad para proyectos de cooperación, “inicialmente estaba previsto que se compraran”. “El problema es que se pusieron a nombre de quien no tocaba”, añadió. El síndic recordó que esta institución realizó un informe por mandato de las Cortes Valencianas en el que se detectaron como incidencias el requisito del “cumplimiento de la experiencia” por parte de Cyes y, “sobre todo, la justificación material del pago de la subvención”. No quiso añadir nada más porque tiene que declarar como testigo en la primera de las dos piezas del caso Blasco o Cooperación.