Altos cargos de Blasco firmaban las ayudas sin comprobar su legalidad

No lo hacían porque no era de su competencia y porque la confianza es un principio rector de las relaciones en el seno de la Administración. De modo que firmaban resoluciones de ayudas, facturas y expedientes sin comprobar ni su contenido ni su legalidad. Incluso cuando ya habían saltado las alarmas en algún caso por presuntas irregularidades. Lo afirmó este jueves en repetidas ocasiones el exsubsecretario de la Consejería de Solidaridad, Alexandre Català.

“Si las personas a las que corresponde han dado por buenas unas facturas y han rechazado otras, por confianza en la gestión, les doy el visto bueno”, declaró el también profesor de Derecho Constitucional, en el juicio abierto en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se juzga el supuesto saqueo de las ayudas a la cooperación de 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua (donde solo llegaron 43.000 euros), concedidas por la consejería dirigida por Rafael Blasco, también procesado.

El fiscal pide 13 años de prisión para Català por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsificación documental. En relación con este último cargo, el abogado defensor de los responsables de la Fundación Cyes —en el epicentro de la pieza por la compra de pisos con las subvenciones y por su supuesta falta de experiencia para recibirlas— le preguntó por la documentación remitida a la Fiscalía relacionada con las facturas admitidas y excluidas de esta ONG que habría sido manipulada para limpiarla de irregularidades, según la instrucción.

Tras recordar que rubricó centenares de documentos por su cargo, Català reconoció que la había firmado y explicó su versión de los hechos: Tras aparecer la información sobre la compra de pisos, publicada por EL PAÍS, Blasco reunió a su cúpula y dijo que era conveniente remitir el expediente a la Fiscalía y ponerlo a disposición pública, de los grupos parlamentarios, de los medios de comunicación y de las ONG.

Blasco les aseguró que los expedientes eran “correctos”, pero pidió que los ordenaran e hicieran una tabla. “De manipular o de cambiar, nada en absoluto”, apostilló Catalá. “Dijeron que estaban muy desordenados, como saqueados”, añadió. Y sobre el motivo de que se fechara en julio de 2010 cuando se elaboró en octubre, contestó: “No lo sé porque no estuve presente ni en la concepción de las tablas ni vi ningún tipo de instrucción de cómo había que elaborar ese documento. Cuando me lo pasaron lo firmé y en ese momento no caí en la fecha”.

También negó cualquier participación en los expedientes, más allá de su firma, el exdirector general de Inmigración y Cooperación, Josep Maria Felip. Se escudó en el “principio de confianza y de buena fe” para explicar su firma en los certificados de cierre de expedientes de la Fundación Cyes. Sólo hizo de “correa de distribución”.

Indicó que los expedientes “ya estaban cerrados administrativamente”, y que él firmó unos certificados para trasladarlos a su fiscalización. “Acto reglado, acto firmado”, aseveró. Los expedientes se los hizo llegar el jefe de Área de Cooperación, Marc Llinares, también sentado en el banquillo. Felip pidió la dimisión de Llinares a Blasco cuando salieron a la luz pública papeles del citado expediente porque él era el encargado de la custodia de los documentos públicos. El exconsejero le respondió que se “dejara de historias”, que lo fundamental era “dar respuesta a la situación”, según sostuvo Felip. “La orden del consejero era transparencia y respuesta política”, agregó.

Felip, que afronta una petición de 10 años de prisión, también respondió sólo a las defensas y centró su declaración en que cuando asumió las competencias de Cooperación en mayo de 2010, por petición de Blasco, ya se habían tramitado y gestionado las ayudas a la Fundación Cyes y que sólo se encargó de firmar el certificado de trámite.