Orihuela gastó 96.000 euros en una ciudad deportiva en zona inundable

El proyecto de ciudad deportiva ideado por el equipo de gobierno de Mónica Lorente tiene cuatro informes en contra y aún así el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) gastó 96.000 euros en un estudio sobre su viabilidad y firmó el contrato para su construcción dos días antes de que tomara posesión de la alcaldía el ecologista Monserrate Guillén.

El Partido Popular ostentaba la alcaldía de Orihuela los últimos 25 años hasta que en junio de 2011 perdió su mayoría absoluta, lo que permitió que un tripartito asumiera el gobierno.

La arquitecta municipal, Elisa Montoro, repitió ayer en el juzgado que instruye el caso, en el que está imputada toda la anterior mesa de contratación del Ayuntamiento de Orihuela, lo que dijo en su informe del 16 de abril de 2010: “Desde la perspectiva urbanística, en el lugar previsto para la instalación no se puede construir”.

El caso de la ciudad deportiva es uno más de los que se instruyen en los juzgados de la capital de La Vega Baja, que reúne cerca del 30% de los juicios por corrupción de la Comunidad Valenciana. Todos los miembros de la mesa de contratación municipal que participaron en la licitación del proyecto están imputados por esta causa: el exconcejal de Contratación, David Costa; Manuel Abadía, exconcejal de Infraestructuras; el interventor municipal, David Cifuentes, y Virgilio Estremera, secretario del Consistorio.

La idea inicial, según describió la arquitecta Elisa Montoro ante el juez, era construir un estadio a imagen y semejanza del miniestadi donde juega el filial de Fútbol Club Barcelona, recinto con capacidad para unas 1.600 personas. La técnica reiteró que desde el punto de vista urbanístico no se podía autorizar este proyecto.

Montoro confirmó que advirtió en su momento que la tramitación definitiva del concurso debía aplazarse hasta que la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente aprobara la recalificación del plan parcial donde se ubicaría la instalación polideportiva. Al citado suelo le atraviesa la llamada rambla de Abanilla. No cuenta ni con el informe favorable de la Dirección General de Valoración Medioambiental de la Generalitat, pese a haber pasado nueve años desde que el PP dotara el suelo como de uso deportivo. La zona, para la que también hay un informe contrario de la Confederación Hidrográfica del Segura, tiene un alto riesgo de inundabilidad.

Cuando fue preguntada por qué no constaba en su segundo informe —30 de junio de 2010— que el proyecto debía aplazarse hasta la aprobación del plan parcial por parte del Consell, la arquitecta dijo no recordarlo, pero que los informes son vinculantes y no se contradicen, según fuentes del proceso.

Montoro, además, consideró que el estudio elaborado por la empresa Impromón “no es trasplantable” a otro lugar de la ciudad, si bien partes básicas del estudio podrían salvarse; un modo de decir que los 96.000 euros recibidos por el Plan Confianza de la Generalitat fueron gastados en un proyecto que se quedó en el cajón.

El juez también se interesó por la adjudicación del proyecto. Se invitó a optar al contrato a tres empresas que habían compartido apoderados y administradores. Una de ellas, consta en el registro mercantil, como una tienda de óptica. El gerente de Impromón, Manuel Ferrández Villena, reconoció haber sido socio hasta 2009 de los otros aspirantes al contrato, pero aseguró no haber sabido hasta después de la adjudicación que los tres perseguían el mismo contrato. La empresa de Ferrández Villena nunca trabajó para el Ayuntamiento oriolano hasta la llegada de Mónica Lorente al poder. En cuatro años le fueron adjudicados contratos por valor de 480.000 euros.