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La Cañada Real ya tiene su plan

El proyecto regional propone vender el suelo a los residentes pero aplaza los realojos

Rivas bloquea el acuerdo porque incluye medidas sociales muy genéricas

La Comunidad de Madrid tiene ya redactado y listo para su firma el acuerdo marco con el que pretende regularizar el asentamiento de la Cañada Real.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, expone en líneas muy generales el siguiente plan: urbanizar ese tramo de 14,4 kilómetros, en el que viven 7.725 personas; vender el suelo a los residentes que lo puedan pagar; y realojar a varios miles de personas. Otras tantas se quedarán, sin embargo, sin realojo.

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GRÁFICO. EL MAYOR ASENTAMIENTO IRREGULAR 

No incluye plazos, pero divide el calendario en dos fases: tan pronto como Rivas se sume al acuerdo entre el Gobierno regional, Madrid y Coslada, se actuará sobre las zonas más consolidadas. Para más adelante quedará el sector 6, el más complejo por encontrarse en suelo no residencial, por la pobreza de sus moradores, y por haberse convertido en un fortín de narcotraficantes.

700 años de historia. Alfonso X reguló las cañadas reales en 1273 como vías para trasladar el ganado a través de la península.

La Cañada Real Galiana, Riojana o de las Merinas recorre 400 kilómetros desde La Rioja a Toledo. Atraviesa la Comunidad de Madrid en un tramo de 93 kilómetros, pero el foco de conflicto son los 14,4 que discurren por zonas limítrofes a la capital. Allí, la inmigración rural de los años cincuenta y sesenta llevó a ocupar de forma irregular esta vía con racimos de chabolas que brotaban durante la noche. Se creó así “una ciudad lineal no planificada”.

El asentamiento creció en las siguientes décadas, primero por la llegada de madrileños “en busca de residencia” y de población gitana, y en los años noventa con inmigrantes extranjeros (fundamentalmente, marroquíes y rumanos) y personas de otros poblados chabolistas desmantelados.

Fuera de plazo. La Comunidad cree que “la llegada de nuevos colectivos ha ido generando cada vez mayor conflictividad”. “Por ello”, el Gobierno regional que presidía entonces Esperanza Aguirre (PP) aprobó en marzo de 2011 una ley que desafectaba esos terrenos y daba dos años para llegar a un consenso entre la Comunidad y los municipios afectados (Madrid, con casi 13 kilómetros y un ancho de 40 a 80 metros; Rivas, con tres kilómetros; y Coslada, con 900 metros). A esta norma se opusieron PSM, IU y los tres municipios afectados.

El plazo expiró sin acuerdo el pasado julio. La Comunidad podría haber impuesto su solución, pero ha preferido seguir negociando. Las reticencias de Rivas al documento han impedido hasta ahora el consenso.

El suelo y la gente. El acuerdo se resume en dos cuestiones: qué hacer con el suelo y qué hacer con la gente que vive en él.

Pese a la insistencia de Madrid (PP) y Rivas (IU) en ocuparse primero de la gente, la Comunidad ha preferido dar preferencia a un punto de vista urbanístico.

La piedra de bóveda del plan es que el suelo se venda a aquellos propietarios que puedan probar su derecho a comprarlo. Los que no puedan, junto a los que no tengan el dinero necesario o habiten una casa sin las condiciones mínimas de salubridad y seguridad, habrán de ser realojados.

Ahí entra en juego el segundo punto: qué hacer con esas miles de personas que deberán ser realojadas, y, sobre todo, con aquellos que tendrán que marcharse sin derecho a realojo. El documento no aporta soluciones, solo una batería de medidas para mejorar la convivencia y condiciones de vida de los que se queden.

Seguridad. El plan regional, consensuado con la Delegación del Gobierno, resume en apenas dos folios y medio lo obvio: se hará un esfuerzo coordinado para erradicar la delincuencia enraizada. El principal mercado de droga de la región se asienta en un tramo del sector 6 (Madrid), donde conviven los fortines blindados de narcotraficantes con los toxicómanos de paso. El plan de seguridad, en cualquier caso, no aporta ni un solo dato concreto.

Urbanismo. “El objetivo esencial será consolidar el mayor número de residentes y de viviendas, en aras de la normalización urbanística y social”, reza el documento. Se creará un consorcio entre la Comunidad y los municipios para el desarrollo urbanístico, con un modelo preferentemente residencial de viviendas unifamiliares que no superen las dos plantas. Solo los habitantes censados en 2011/12 tendrán derecho a comprar sus viviendas.

El censo. La Cañada ocupa 107 hectáreas. Sobre suelo de Coslada hay censadas 927 personas, la inmensa mayoría en viviendas consolidadas. En Rivas hay 1.132 personas (un 60% magrebíes, el resto españoles). En Madrid hay 5.666 personas; la mitad ocupa viviendas deterioradas que habría que derribar. Además, la mayor parte del tramo (el sector 6) no es suelo urbanizable por la cercanía del vertedero de Valdemingómez. Madrid estimó que unas 4.500 personas deberían marcharse, y que un 40% debería hacerlo sin derecho a realojo. Se tendrían que marchar. O ser expulsados.

El documento aplaza ese problema: “Dada su complejidad, y debido a la necesidad de actuar primero socialmente, llevará un proceso diferenciado y más prolongado”. Una vez concluya (en no menos de una década), el suelo albergará “un parque tecnológico, empresarial e industrial”.

Cuentas descuadradas. Los realojos correrán a cargo del consorcio, que también deberá encargarse de urbanizar la zona. Todo ello, con los ingresos obtenidos de la venta del suelo. Madrid ya ha avanzado que, en su tramo, la urbanización costaría 250 millones, y los realojos otros 100. El suelo difícilmente podría pagar esa cantidad, a riesgo de ser demasiado caro para los residentes.

Una posibilidad para cuadrar las cuentas sin necesidad de dinero público sería la venta a precio de mercado de las parcelas deshabitadas o que no puedan ser compradas en el futuro por sus actuales ocupantes

El plan social. Son seis páginas (un tercio del documento) de líneas generales, que orillan la madre del cordero: los realojos.

Su objetivo es mejorar la convivencia y relaciones vecinales de quienes se queden, evitar la formación de guetos, combatir el absentismo escolar y el desempleo, contar con mediadores de las distintas comunidades, etcétera. Para ello, se hará “un diagnóstico más exhaustivo de la situación de las familias” antes de decidir las intervenciones a realizar.

Nada se menciona sobre cómo se harán los realojos, un problema agravado por la decisión de Madrid de paralizar la construcción de pisos protegidos y por la venta por parte de la Comunidad de miles de sus viviendas. Además, el documento insiste en que las áreas limítrofes de la Cañada, donde sobreviven cerca de 700 personas en peores condiciones aún, no se incluirán en el plan.

“No queremos hacer un gueto”

Fausto Fernández, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Rivas (IU), explica que la “falta de un plan social específico” le impide respaldar el acuerdo marco de la Cañada Real redactado por el Gobierno regional (PP), como han hecho ya los otros dos municipios afectados (Madrid y Coslada, del PP) y la Delegación del Gobierno (PP).

“Este texto es una solución parcial. No busca una solución integral para todo el asentamiento, para lo que está dentro y fuera de la Cañada Real... Por ejemplo, apuesta por consolidar el mayor número de viviendas y pobladores. Nosotros pensamos que hay que urbanizar la Cañada y sus aledaños con coherencia urbanística y social”, razona el concejal.

El Ayuntamiento que encabeza José Masa cree que la “consolidación del mayor número de residentes y de viviendas” podría derivar en un área más degradada que la actual si no se acompaña de medidas sociales concretas. “Nuestra propuesta es integrar, no cambiar el chabolismo horizontal por otro vertical”, razona Fernández, que plantea otras dudas: “¿Qué pasa con los habitantes en los márgenes de la Cañada? Se les ignora, es como si no existieran. Se tiene que proceder a gestionar una salida digna a todos los afectados”, argumenta Fernández, al que preocupa que el sector 6 “se dé directamente por perdido” en el documento.

“El plan social que proponemos no tiene nada que ver con el que el PP nos ha facilitado, porque no se profundiza en los problemas a resolver. Se dedican a detallar los recursos sociales, los equipamientos y coberturas que tienen ahora mismo todos los ciudadanos, como la Renta Mínima de Inserción que perciben sus beneficiarios independientemente de donde vivan... Es una estafa”, sentencia.

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