El TSJ rechaza un recurso contra la resolución del Consell de cerrar RTVV

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso de un trabajador de Radio Televisión Valenciana (RTVV) contra la resolución del Gobierno valenciano que acordó el cese de emisiones de la cadena pública. El tribunal argumenta "falta de legitimación" del recurrente, por lo que inadmite la reclamación interpuesta por la vía especial de protección de los derechos fundamentales contra la orden del 28 de noviembre de 2013. En esa orden, el Consell acordó el cese de las emisiones.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo justifica su decisión en la "falta de legitimación activa" del demandante, el periodista Miguel Ángel Picornell, ya que argumenta que una persona física no puede actuar en "simple defensa de la legalidad", sino ser titular de un específico "vínculo de derecho/interés legítimo con el ámbito al que llega al proceso contencioso-administrativo". Dicho ámbito, señala el auto, es el de establecer la relación que media entre el Derecho, en este caso desde "la perspectiva única del control por derechos fundamentales", y la resolución dictada por el Consell el 28 de noviembre de 2013 que acordó el cierre de las emisiones.

El trabajador había fundamentado su recurso en la vulneración de los derechos fundamentales, como el derecho a la igualdad, ya que alegaba que el cese de las emisiones "finiquitaba un servicio público", y la lengua valenciana quedaba "claramente discriminada" al igual que sus hablantes.

Por otro lado, el comité de empresa de RTVV ha denunciado hoy ante la Inspección de Trabajo que el ente público realice nuevos contratos laborales para preparar la extinción de contratos de todos los empleados mientras tiene a 1.500 trabajadores cobrando y sin que se les permita trabajar.

En un comunicado, el comité de empresa ha informado de la denuncia interpuesta por la contratación de un nuevo trabajador para llevar a cabo tareas relacionadas con la preparación de un nuevo ERE.

"Todo ello cuando ya ha pasado un mes y medio tras el injustificado y antidemocrático cierre de las emisiones del pasado 29 de noviembre que el presidente Fabra justificó falsamente por razones económicas", añade el comité.

Así, el comité de empresa considera un "escándalo" que la Generalitat, que ya destina más de 200.000 euros al día a nóminas sin que se ofrezca ningún servicio a los valencianos, haga una nueva contratación para hacer funciones administrativas que podrían desempeñar trabajadores a quienes no se les permite el acceso al puesto de trabajo.

"Recordamos que en la plantilla hay técnicos auditores y todo un equipo económico, jurídico y administrativo que puede desarrollar cualquier trabajo vinculado con la liquidación de la sociedad o las cuestiones laborales derivadas", afirma el comunicado.