El PSPV abandona su posición tibia ante los intereses de Ortiz

En los últimos días el PSPV de Alicante ha abandonado, en cierta medida, su discurso tibio y confuso contra la corrupción y los escándalos de salpican al empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. Si el miércoles en el Consejo Local de Comercio los socialistas exigieron “luz y taquígrafos” sobre la llegada de Ikea a Rabassa, ayer en el pleno ordinario de diciembre celebrado en el Ayuntamiento suscribieron como propias las tesis de Esquerra Unida en este tema.

Sin embargo, el PP dio la callada por respuesta, y no entró en el debate sobre las sospechas que planean sobre la tramitación de una Actuación Territorial Estratégica (ATE) de Rabassa para instalar Ikea y un área comercial. La alcaldesa, Sonia Castedo, que se ausentó de la presidencia del pleno minutos antes por cuestiones de agenda, evitó el cuerpo a cuerpo con la oposición.

El grupo de Esquerra Unida presentó una moción en la que pedía la creación de una comisión de investigación para “esclarecer y depurar” responsabilidades políticas derivadas de la investigación sobre el supuesto amaño del Plan Rabassa y que se instara a la Generalitat a suspender cautelarmente la tramitación de la ATE promovida por una mercantil participada por Enrique Ortiz.

El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, denunció que la política urbanística de Alicante funciona a “golpes y deseos” de Ortiz. Por eso, instó a la Generalitat a que suspenda la tramitación del proyecto hasta que los tribunales concluyan la investigación sobre el supuesto amaño del Plan Rabassa. El concejal de UPyD, Fernando Llopis, apoyó la petición “sensata” de crear una comisión de investigación que determine posibles responsabilidades políticas en este tema, pero votó en contra de que se suspenda su tramitación por las consecuencias económicas que pueden tener más demoras. “La transparencia es fundamental, y el PP ha empañado de sospechas esta operación”, dijo Llopis.

La concejal del PSPV, Loles Fernández, marcó con su discurso un punto de inflexión en la postura que los socialistas mantenían con los temas en los que estaba implicado Enrique Ortiz. “Ikea sí, pero no a cualquier precio, no siguiendo el dictado y los deseos de los que durante años solo han buscado su beneficio y han exprimido el territorio”, dijo la edil socialista responsable en temas de Urbanismo, en referencia al promotor. Fernández pidió que “se paralice la ATE hasta que el Juzgado se pronuncia, basta ya de manchar el nombre de Alicante con supuestas corruptelas”.

Tras el turno de intervenciones de los partidos en la oposición, ningún concejal del PP decidió intervenir para rebatir sus argumentos. Al final toda la oposición en bloque (10 ediles) apoyó que se creara esa comisión de investigación, pero la abultada mayoría del PP (18 concejales) evitó que prosperara la moción.

El PP aplicó el rodillo durante el último pleno ordinario de diciembre. Por cuestiones de forma rechazaron que 2014 sea declarado año de la Memoria Histórica, por el bombardeo en el Mercado Central al final de la Guerra Civil, y también descartaron la puesta en marcha de un plan contra la exclusión social con especial atención en el área del cementerio.

El último pleno del año nombró oficialmente, y a título póstumo, al periodista y escritor, Enrique Cerdán Tato, que falleció hace unas semanas a los 83 años de edad, Hijo Predilecto de Alicante. Además, se aprobó el incremento de la factura del recibo del agua en un 2% y la reducción de los asesores municipales, de los 42 a los 29 que habrá a partir de enero.

El concejal de Hacienda, Juan Seva, se escudó en la Ley de reforma local para aplicar estos recortes y criticó a la oposición que “demonice” la figura de los asesores. El equipo de gobierno, del PP, pasará de 33 a 23 asesores y la oposición tendrá solo 6 cargos de confianza (2 UPyD, 1 EU y 3 el PSPV). En la actualidad tenían 9. La oposición en bloque criticó la decisión del PP porque les dificultará su labor y les dejará prácticamente sin recursos humanos para poder fiscalizar al gobierno.