12 acusados y un arrepentido plantan el juicio a la mayor banda de narcos

A principios de 2000, surgió en Galicia una nueva banda de narcotraficantes que en pocos años se convirtió en la más poderosa organización solo comparable con las viejas redes que nacieron a la sombra del contrabando de tabaco y que dieron vida a famosos personajes y clanes en la Ría de Arousa. Al frente del grupo se colocó un completo desconocido para la policía que entonces se dedicaba a hornear hojaldres y empanadas en un pequeño establecimiento en el centro de Vilagarcía. Con el asesoramiento de dos leyendas del negocio, los expertos pilotos de planeadoras José Constante Piñeiro Búa, Costiñas, y José Andrés Bóveda Ozores, Charly, el pastelero Óscar Rial Iglesias llegó a reclutar a más de 40 personas para trabajar en los transportes y las descargas.

Con 35 años y un discreto negocio de tapadera, Rial llegó a lo más alto del mercado de la cocaína, aprovechando el boom económico y logístico que vivió el narcotráfico a mediados de la pasada década. Mientras se reforzaba la presencia de efectivos antidroga en Pontevedra, el pastelero importaba un promedio de 15 a 20 toneladas anuales, asumiendo todos los riegos de la empresa con sus propios efectivos, lo que le repercutía unos mayores márgenes de beneficios. Aún con la policía pisándole los talones, la banda de Los Pasteleros tal vez habría seguido “horneando pasteles” si no fuese por un accidentado transporte de tres toneladas y media de cocaína que hizo zozobrar la operación. En la madrugada del 1 de junio de 2008, un radar de Aduanas detectó un pesquero a la deriva, salió en su auxilio, y se encontró con una nave sobrecargada con 12 tripulantes hambrientos, una vía de agua en el casco y cientos de fardos en cubierta. Mientras no llegaba la orden de detención del barco, los agentes tuvieron que auxiliar a los marineros con agua y comida.

El San Miguel, con ocho tripulantes sudamericanos, había salido casi un mes antes del puerto de Pampatar solo para avituallar de combustible a la lanzadera Delfín, ocupaba por otros cuatro marineros, de la misma nacionalidad, que había recogido los fardos de cocaína que le bombardearon desde un avión para continuar viaje hasta unas 1.500 millas de Galicia donde les esperaban Francisco Cañón, Marco Fabrizzi y José Luis Fernández Tubío en una planeadora para llevar el alijo a tierra.

Pero tanto la lanzadera como la planeadora sufrieron una avería en los motores que obligó al San Miguel a ir al encuentro de los náufragos y hundir las dos embarcaciones para no levantar sospechas. El plan era avisar a la organización para que acudiese al rescate de los marineros y salvase el alijo valorado en más de 100 millones de euros pero no hubo tiempo. Era el principio de una gran operación policial del Greco Galicia para desmantelar a Los Pasteleros que prosiguió con las confesiones de uno de los hombres de confianza del jefe.

El enlace con el cártel proveedor de la cocaína (identificado en la investigación como La Oficina) y tripulante de planeadores, José Luis Fernández Tubío, un marinero de Boiro de 50 años y con antecedentes por narcotráfico, se convirtió en testigo de cargo de la organización desvelando todos sus secretos. En octubre de 2009, la Audiencia Nacional dictaba un extenso auto de procesamiento contra 26 miembros de la banda y decretaba el embargo de numerosos bienes pertenecientes al clan que había rastreado la Agencia Tributaria. El juzgado número 6 había establecido unas fianzas millonarias de responsabilidad civil que alcanzaban los 1.000 millones de euros. Tres años después, en marzo pasado, comenzaba el juicio en un escenario inesperado e insólito. El arrepentido plantaba al tribunal —junto a otros 12 acusados— y le enviaba una carta donde se desdecía de sus confesiones. La vista comenzaba con mal pie para la fiscalía y batía el record de acusados en busca y captura. Sin testigo de cargo y después de varias interrupciones, el juicio quedó ayer visto para sentencia. El fiscal Javier Redondo ha mantenido las penas máximas para los 13 acusados —los únicos que se sentaron en el banquillo—, entre ellos los tres cabecillas y sus respectivas esposas, solicitando 209 años de cárcel y multas que superan los 6.000 millones de euros.