Alaya rebaja la fianza a un exdirectivo de aseguradora encarcelado por los ERE

La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha rebajado a 225.000 euros la fianza para salir de la cárcel impuesta a Eduardo Pascual, exdirectivo de la aseguradora Vitalia que es el único que continúa en prisión junto con su compañera de empresa María Vaqué.

La juez reduce la fianza a Pascual de 300.000 euros a 225.000, cantidad que su abogado ya ha anunciado que resulta imposible de reunir ya que su cliente tiene todos sus bienes embargados por la Audiencia Nacional en el llamado caso Eurobank.

Ambos directivos son los únicos que continúan en prisión desde que, en marzo pasado, Alaya enviara a siete personas a la cárcel tras ser detenidas en una nueva fase de la Operación Heracles contra las sobrecomisiones que pagaban las mediadoras en los ERE.

La magistrada, quien ha tomado declaración al exconsejero de Trabajo Ramón Marrero, lamenta además su falta de medios materiales y personales para un caso que supera los 200.000 folios. En un escrito, la juez señala que no ha podido reunir los documentos para elevar a la Audiencia de Sevilla el recurso de los exdirectores de Presupuesto de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera contra el auto que imputaba en la causa a veinte ex altos cargos, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez. Alaya ya desestimó en varias ocasiones la ayuda que le ofrecieron sus jueces de refuerzo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La juez pide al letrado de ambos ex altos cargos que señale los folios donde se encuentran los documentos particulares que desea adjuntar a su recurso “y se elevará inmediatamente a la Audiencia”.

El exconsejero andaluz de Trabajo Ramón Marrero declaró este lunes como testigo en el juicio contra cinco procesados -tres empresarios y dos sindicalistas- por presunto desvío de subvenciones otorgadas para un plan de jubilaciones anticipadas en Industrias Subsidiarias de Aviación (ISA). Según declaró Marrero, la Junta dio en esa época "mucho dinero" para evitar que los conflictos se desbordasen, pero que, de haber detectado "irregularidades manifiestas", no habrían dado más ayudas.

Marrero ha comparecido ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla por su papel cuando era viceconsejero de Trabajo, en 1993, y tenía encomendada la función de "apaciguar los conflictos" en una "época terrible desde el punto de vista laboral en Andalucía".

Ha confirmado que la Junta de Andalucía aportó 903.614 euros para el plan de prejubilaciones de ISA porque la empresa no había depositado su parte y el Gobierno andaluz "decidió asumir el paquete".

Ha relatado que la Junta "tenía una especial consideración y dedicación" hacia ISA porque el entonces consejero de Trabajo, el secretario general de Empleo y otros cargos de la Consejería habían trabajado en ella.

Junto a ello, el conflicto de ISA tenía "una trascendencia enorme en Sevilla", la Consejería de Trabajo buscaba "que no se desbordara y por ello ayudó en lo que pudo" y "se gastó mucho dinero, como ocurrió con otras empresas andaluzas en aquella época".

Marrero ha declarado que los fondos concedidos por la Junta tenían un destino concreto en el plan de prejubilaciones, pero ha añadido que es "muy probable" que el Gobierno andaluz autorizase su aplicación a empleados del plan anterior "al saber que había un grupo de trabajadores desprotegidos".