Justicia de juzgado de guardia

La mañana empezó torcida. Fue enchufar un calefactor y todo el cuadro eléctrico saltó. La luz se fue justo en plena declaración de un detenido. La juez Carmen Beardo está acostumbrada a estos sobresaltos. Caras de resignación, disculpas obligadas y, de nuevo, a repetir porque la grabación se había perdido. Fuera, una funcionaria se queja de que su ordenador tiembla. Un guardia civil se frota las manos por el frío. Un policía quita un extintor para poner un cartel que identifique que ese banco donde él se sienta es para él. A veces hay tanta gente en la entrada que el arco de seguridad se pierde en un zumbido infinito. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, admite que la situación de los juzgados de San Fernando (Cádiz) es “indigna”. También lo considera la Junta de Andalucía. Se busca solución pero mientras llega hay víctimas de violencia machista que se cruzan con sus agresores porque no hay lugar donde resguardarlas.

El edificio judicial de la plaza de San José ya no da más de sí. Antes, acogía un único juzgado y arriba estaba la casa del juez. Ahora hay tres juzgados mixtos de instrucción, el registro civil, el despacho del fiscal, una sala para abogados y procuradores, dos salas de vistas y unos calabozos. El volumen de trabajo en San Fernando daría para un cuarto juzgado pero, en realidad, no habría donde meterlo. En 2004, Ayuntamiento y Junta llegaron a un acuerdo por el que la ciudad cedía una parcela para construir uno nuevo. La crisis se llevó esa posibilidad. La dignidad se filtra como la humedad de sus paredes.

“Si esto fuera una empresa privada, la Inspección de Trabajo cerraba estos juzgados”. Carmen Beardo fue trasladada a San Fernando en 2007 como titular del juzgado número dos y ahora decana de esta sede. Aunque está acostumbrada a trabajar en estas pésimas condiciones, se enerva al hablar de ellas. “Si este juzgado funciona es gracias a sus trabajadores, que hacen un gran esfuerzo”. Su enumeración tiene muchas comas y no encuentra el punto y final. Que la luz se vaya en pleno juicio o en una declaración forma parte de su rutina. “A veces lo grabo yo misma en previsión y así evito tener que repetir”, explica. Se lleva las manos a la cabeza hablando de cables eléctricos que cubren el suelo en contra de cualquier norma de prevención de riesgos laborales.

Los funcionarios que la escuchan asienten y le dan la razón. Recuerdan la temida e inestable escalera metálica de la primera planta, la que debería servir para acceder a una estantería superior repleta de papeles. Hace unas semanas un estante entero cedió y se cayó. Los archivos se encuentran en cualquier parte. La escalera que va hacia el ático está bloqueada por una montaña de documentos. Hay expedientes en los cuartos de baño, en mesas supletorias. “Una vez pedí un armario metálico y no me garantizaron que el suelo pudiera resistir el peso”, admite la juez decana contrariada. Los expedientes de 2013 ya no caben. No saben dónde van a guardarlos. Menos, los del año que viene. El despacho del secretario judicial se ha convertido en improvisado almacén de pruebas. Allí se guarda por ejemplo un enorme tablero de madera con el que supuestamente un detenido trató de forzar la puerta de un garaje.

Los ordenadores se han quedado obsoletos. “Son como los coches cubanos hechos con piezas de otros vehículos”, bromea el fiscal Ángel Núñez, harto de que su computadora tarde “media hora” en encenderse. Es por eso que una funcionaria dice que su ordenador tiembla. El ventilador interno hace tanto ruido y movimiento que su mesa no se está quieta. “Un ratito no pasa nada, pero después de toda la mañana acabas temblando tú”. Abajo, en la entrada, los guardias civiles resisten abrigados el frío que no frena la puerta averiada. En los días de juicios el arco de seguridad es un adorno. “Se queda pitando todo el tiempo pero no se escucha por el vocerío”, explica uno de ellos.

Pero por encima de la incomodidad que padecen los trabajadores ateridos por el frío o angustiados por la falta de espacio, tampoco hay garantía de dignidad para detenidos y víctimas. “Aquí más o menos caben cinco personas”, relata el policía que custodia el calabozo pero si vienen mujeres y hombres hay que separarlos y no hay sitio. Entonces a las mujeres se las instala en un despacho. Para preservar la intimidad de los detenidos, colocaron un armario que sirve de parapeto en la entrada del juzgado. El agente tuvo que quitar un extintor para poner en su lugar un cartel con la palabra Policía. Evita así que, en los momentos de aglomeración, que son muchos, la gente se sentase en su banco.

En un juzgado que atiende diariamente a las víctimas de violencia machista, es fácil que, debido a sus reducidas dimensiones, se crucen las mujeres con sus agresores. “Lo intentamos pero no siempre se puede evitar porque no hay sitio donde puedan estar mientras el detenido pasa a declarar”, explica la jueza.

La desesperación no tiene más respuesta que palabras de comprensión y apoyo de los jefes y los políticos que en el juzgado nadie cree. Fuentes de la Junta han apuntado que la Consejería de Justicia ya tiene en marcha un pliego de condiciones para buscar una nueva sede judicial de alquiler, ya que se descarta cualquier gran inversión. Se ha encontrado una opción en unos bajos comerciales de 2.000 metros en el número 229 de la calle Real. Lo malo es que costaría más que los 50.000 euros anuales que vale el alquiler del edificio de la plaza de San José. El traslado choca con la política de ahorro que ha permitido reducir en 1,4 millones de euros el gasto en oficinas, más de tres en los últimos tres años. Con la puerta estropeada, con una luz temblorosa, con una montaña de archivos, con víctimas y detenidos cruzándose, en San Fernando toca seguir esperando.