El PP rechaza una investigación sobre RTVV porque “no es oportuna”
Las Cortes rechazan las peticiones del PSPV y de EUPV para analizar la gestión del ente
La resaca del pleno de las Cortes celebrado el miércoles en el que el PP aprobó la ley de disolución de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) dejó este jueves, en la playa del hemiciclo, un paisaje de desolación. El Parlamento partido en dos, con todos los puentes —si es que todavía quedaba alguno en pie— rotos entre la derecha y la izquierda. Los populares a la defensiva, obsesionados en intentar minimizar los daños de su decisión. Los socialistas, Compromís y Esquerra Unida, reclamando responsabilidades por el desastre de gestión que ha llevado al PP a liquidar RTVV.
Con ese ambiente, los populares afrontaron la última sesión de control del año al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y las peticiones de la oposición de crear una comisión de investigación para aclarar los sucedido en la radio y la televisión pública.
Las peticiones de investigación sobre RTVV se retrasaron hasta pasadas las 15.00. El vicesecretario regional del PP y diputado, César Sánchez, fue el encargado de justificar el no. Sánchez calificó las peticiones del PSPV y de EU de “oportunistas” y “populistas”.
El popular aseguró que su partido no considera, ni “necesaria ni oportuna”, una comisión de investigación porque el Consell ha actuado de forma responsable, transparente y rigurosa. En este contexto, les recordó a los socialistas que “la única sentencia por manipulación” de Canal 9 fue en la época de Joan Lerma y que pidieron el cierre de RTVV en un mitin con Jorge Alarte de candidato en la plaza de toros de Valencia.
César Sánchez evito entrar en el terreno de la oposición e insistió en que el Consell había actuado en RTVV con “responsabilidad y pensando en la sostenibilidad de la Administración autonómica”.
En sus exposiciones, tanto el socialista Josep Moreno, como Ignacio Blanco de Esquerra Unida, insistieron en que la petición de crear una comisión de investigación sobre RTVV era una buena oportunidad para que el PP aclarase lo sucedido.
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Moreno desgranó algunas de las cuestiones sobre las que habría que arrojar luz, como los 1.300 millones de euros de deuda generada por RTVV; los gastos de 11 millones de euros en la retransmisión de la visita del Papa a Valencia; el pago de los 22 millones de euros por los derechos de retransmisión de la fórmula 1; el acoso sexual del antiguo responsable de personal Vicente Sanz o los salarios pagados a presentadores como María Abradelo.
Ignacio Blanco de EU, reclamó la creación de una comisión parlamentaria que analice la gestión política y económica de RTVV, el proceso de cierre y las responsabilidades de todos los grupos parlamentarios en el mismo. Blanco consideró necesario depurar “las responsabilidades de los que llevan 18 años y medio gestionando RTVV, los populares, pero también de los seis años en que los que el PSPV-PSOE tuvo la gestión y eligió a los directores”.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, que apoyó la propuesta de socialistas y EU, lamentó que el cierre de RTVV vaya a marcar la legislatura. Morera advirtió que la negativa del PP a esclarecer lo sucedido en RTVV los obligará a ir a los tribunales.
Por la mañana, en la sesión de control, también se vivieron momentos de mucha tensión. El portavoz socialista, Antonio Torres, —que exhibió una fotografía del presidente de la Generalitat dando su apoyo personal al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra antes del juicio por el que ha sido condenado a cuatro años de cárcel— lamentó que el miércoles no hubiese habido ningún Ballester [el diputado del PP que recogido firmas a favor del indulto del exalcalde de Torrevieja condenado por corrupción] que recogiese firmas en contra del cierre de RTVV.
Fabra replicó que el PP se solidariza con todos los desempleados y acusó a la oposición de tener un comportamiento “bipolar”. “No están trabajando por la Comunidad Valenciana. Se sienten a gusto en el insulto, la difamación y la mentira. Así no nos vamos a encontrar”, enfatizó el presidente del Consell.
Morera exigió sin éxito que el presidente aclarase las subvenciones de la Generalitat a la Cámara de Comercio de Castellón que ha decidido mantener a Carlos Fabra como secretario y no removerlo del consejo de administración de Port Castelló.
La portavoz de EU, Marga Sanz, recriminó a Fabra el comportamiento del PP con los corruptos y le exigió la dimisión.
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