El PP busca romper el consenso que llevó a superar el conflicto lingüístico

La voladura de elementos del autogobierno que el PP está llevando a cabo se plasma en el cierre de Ràdio Televisió Valenciana, pero también en otras iniciativas que coexisten en la dinámica parlamentaria, como el proyecto de reforma del Estatut d’Autonomia para rebajar el número de diputados o las leyes para recortar organismos estatutarios como la Acadèmia Valenciana de Llengua, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) o el Consejo Económico y Social (CES). Todos exigen unas mayorías cualificadas que, con la excepción del CES, los populares no van a lograr. El caso es especialmente significativo en lo que atañe a la Acadèmia. Los populares rompen el consenso que llevó a su creación en 1998 aun a sabiendas de que su intento de derogar la actual ley y sustituirla por otra está condenado al fracaso porque la oposición no entrará en ese juego.

En un debate al que asistió como invitada la secretaria de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat abordó este martes en las Cortes Valencianas las enmiendas a un proyecto de ley que todos los grupos de oposición dieron por fracasado, dado que no contará con su apoyo.

El proyecto supone “la demolición de la Acadèmia”, advirtió el diputado de Esquerra Unida Lluís Torró, que recordó que, de acuerdo con la ley en vigor, en dos años los académicos que la integran se renovarán por cooptación, lo que alejará a la institución normativa del valenciano de las presiones políticas. “Conculcan el espíritu de la ley original”, acusó Torró a los populares, de quienes dijo que “no pueden tolerar” que la institución sea independiente y haya reconocido que el valenciano y el catalán son una misma lengua.

Los populares corrigen el recorte y pasan de proponer 11 a 15 académicos

Fernando Giner, del PP, defendió varias enmiendas al proyecto del Consell. Así, si en este se preveía reducir de 21 a 11 el número de académicos, una de las enmiendas, que fue aprobada, propone subirlos a 15, para garantizar “la gestión austera y, a la vez, el pleno ejercicio de las funciones de la institución”. Giner eludió explicar por qué hay que derogar la ley actual y aprobar otra “ex novo”, pero negó que pretenda romper el pacto lingüístico. Giner acusó a la oposición de hacer “una fanática defensa del catalán”.

“Esto es una broma de mal gusto”, dijo la socialista Vicenta Crespo, que recordó que la propia Acadèmia se ha prestado a reducir las dietas de sus miembros para reducir costes. “No van a romper un pacto de la lengua que funciona”, añadió. “Ustedes lo que quieren es derogar la ley de creación de la Acadèmia, fruto en su día del consenso entre el PP y el PSPV”. La diputada añadió que “es inútil hacer un ERE a la Acadèmia por razones de ahorro”. Josep Maria Pañella, de Compromís, se pronunció en términos similares.

Tras señalar que la ley de la Acadèmia estableció la “inamovilidad de sus integrantes” como garantía de independencia y asegurar que el debate es “una pérdida de tiempo” porque el PP no tiene mayoría suficiente para sacar adelante la ley, dijo a los populares: “El ahorro no les interesa, y no les interesa la Acadèmia”.

El PP y el PSPV pactan la reducción de 29 a 18 miembros del CES

El hecho es que, pese a los argumentos de ahorro, según los datos de la propia Acadèmia, la reducción de su presupuesto para 2014 en un 10%, aprobada por la institución, duplica el ahorro estimado que supondría dejarla con 11 académicos y triplica el que supondría dejarla en 15, como aprobó el PP. La Acadèmia es la institución con la que, en teoría, y según su reglamento orgánico, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte debe colaborar para diseñar su política lingüística.

Por lo que se refiere al CES, populares y socialistas pactaron una reducción de 29 a 18 miembros. El diputado del PP Rubén Ibáñez destacó la “clara demostración” de que su grupo quiere llegar a un consenso y la socialista Eva Martínez justificó su postura en que los propios agentes económicos y sociales acordaron la rebaja. Marga Sanz, de Esquerra Unida, se opuso y Mireia Mollà, de Compromís, propuso “dar más democracia” al organismo.