Los bancos se resisten a que la deuda de RTVV pase a la Generalitat

Una cosa es que el pleno del Consell acordara el 21 de diciembre de 2012 “asumir deuda financiera de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) por importe de 1.062 millones de euros” dentro del procedimiento para liquidar el antiguo ente público y otra muy distinta que los bancos acreedores acepten sin más que ese descomunal endeudamiento pase a la Generalitat. Los tres liquidadores de la antigua RTVV, Antonio Hervás, Carlos F. Cervantes y Pau J. Pérez Blay, lo explican de manera confusa en las cuentas consolidadas de la cadena pública, que se han publicado con dos meses de retraso.

El documento, fechado en julio pero referido a 2012, da por hecha la transmisión de la deuda. Sin embargo, al describir el “proceso de reestructuración” de RTVV y de reequilibrio patrimonial de las sociedades de Canal 9 y Ràdio Nou, que quedarían absorbidas en la nueva RTVV, Sociedad Anónima Unipersonal (empresa cuyo cierre también ha anunciado el Consell), indican: “Con ocasión del inicio de los trabajos de liquidación, se ha constatado que se ha producido la capitalización de la deuda asumida por la Generalitat, pero sin que se haya recabado y obtenido el consentimiento necesario de todos los acreedores financieros afectados”.

Como consecuencia de ello, los liquidadores decidieron el 30 de mayo de 2013 “iniciar las tareas para ajustar la contabilidad a la realidad de los hechos anteriormente descritos”. En otras palabras, el consejo de liquidación reinició el traspaso de la deuda de RTVV a la Generalitat el pasado mayo. La Consejería de Hacienda no respondió este viernes a la consulta de este periódico sobre el tema.

La cadena perdió 174 millones en 2012 y cayeron sus ingresos de 17 a 9 millones

¿Cuáles pueden ser las razones de que los bancos acreedores prefieran mantener los créditos avalados por la Generalitat y se resistan a que la deuda pase directamente a ella? Miguel Mazón, que fue 10 años consejero de RTVV a propuesta de los socialistas, apunta una: “Al firmar los avales, las entidades exigían la renuncia al derecho de exclusión. Así, en caso de impago, pueden pedir al Consell la devolución íntegra del principal y los intereses”.

Mazón señala que las cuentas presentadas están llenas de “ingeniería contable” y añade: “La Sindicatura de Comptes tendrá que decir cómo está de verdad la situación de RTVV”. Las cuentas, aprobadas en marzo y auditadas en junio, fueron reformuladas en julio. Revelan unas pérdidas de 174 millones, que el auditor, Ernst & Young, eleva a 192 millones, y reflejan una caída de ingresos de 17,4 millones en 2011 a 9,3 millones en 2012 (con un descenso por publicidad de 16,3 a 8,8 millones).

También se alude al expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a un millar de trabajadores, en el que la Intervención de la Generalitat detectó, antes de que se produjera en agosto la reafectación de 186 técnicos por decisión de la directora general de RTVV, SAU, Rosa Vidal, errores que podrían dar lugar a la nulidad, como acabaría ocurriendo.

En el balance de 2012 aumenta el endeudamiento a corto plazo, que pasa de 62,3 millones en 2011 a 167,6, y se reduce la deuda a largo plazo, que pasa de 1.034 a 823,9 millones. Los liquidadores apuntan que se han iniciado los trámites para ceder las acciones del ente público a la Generalitat, algo que se aceleraría de urgencia hace dos semanas para que el Consell, constituido en junta general, pudiera designar por decreto a Ernesto Moreno nuevo director general tras la dimisión de Vidal.

El edificio de Canal 9 en Burjassot fue desafectado

Otro elemento llamativo es la desafección del dominio público de la Generalitat del edificio del centro de producción de RTVV en Burjassot, que pasó a ser enajenable y se aportó para el reequilibrio patrimonial de TVV. Por otra parte, los liquidadores dicen que el coste de una posible reversión al propietario del terreno donde se levanta el centro de RTVV en Alicante no tendría un coste muy distinto del mantenimiento del contrato, que causó en su día un escándalo, ya que supone el pago de 283.814 euros anuales por un periodo de 35 años prorrogables a 50.

Sobre la disolución y liquidación prevista de la nueva RTVV habló este viernes el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, que abrió una rendija en el conflicto abierto por el anuncio de cierre al señalar que analizará “de manera seria” el plan propuesto por el comité de empresa del ente para garantizar la pervivencia de la radio y la televisión valencianas. “Se va a hacer un análisis serio y se va a dar respuesta a esos planteamientos”, prosiguió Ciscar, que evitó dar falsas esperanzas al insistir en que “la postura del Gobierno valenciano es el cierre”. Ciscar se comprometió a dar su respuesta al comité de empresa antes del próximo miércoles, cuando está previsto que el PP apruebe en las Cortes la ley que cerrará RTVV.

El caso de RTVV ha ocupado las pantallas estos últimos días. Hasta el programa de la crónica rosa Sálvame, de Tele 5, polemizó ayer sobre lo que unos y otros cobraron en la época de máximo despilfarro a raíz de que el diputado socialista Josep Moreno hizo público el jueves lo que cobraba Jesús Mariñas por intervenir en Matí, matí y contratos como el de María Abradelo, que llegó a recibir 270.000 euros anuales por hacer espacios como Babalà, un programa que Fani Grande, despedida en el ERE con un salario de 1.480 euros netos, hizo en otro momento a precio de convenio para presentadores, unos 2.000 euros al mes.