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El juez del Arena investigará si la cúpula de la Policía cometió falsedad documental

La acusación sostiene que los agentes hicieron un documento falso para justificar su actuación

Palop detalla que el delito "afectaría" a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal

El jefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo, a la salida de los juzgados de plaza de Castilla el pasado marzo.rn Ampliar foto
El jefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo, a la salida de los juzgados de plaza de Castilla el pasado marzo.

El juez del caso Madrid Arena, Eduardo López Palop, ha emitido hoy un auto por el que abre una pieza separada para investigar un supuesto delito de falsedad documental. Este delito "afectaría", dice el magistrado, "a Emilio Monteagudo [inspector jefe de la Policía Municipal] y a Oscar Santos, Gerardo del Rey y Emilio Rodríguez Corral [mandos policiales]". El delito de falsedad documental en el caso de cargo público está penado con una pena de cárcel de entre tres a seis años, multa e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.

El juez quiere saber si, a lo largo de la noche de la tragedia, los agentes elevaron de nivel moderado a alto el riesgo de la fiesta en la que murieron cinco chicas el 1 de noviembre de 2012. O si, por el contrario, tal y como sostienen las acusaciones, nunca lo hicieron e, incluso falsificaron el documento donde se reflejaba ese incremento del riesgo para tapar una posible mala actuación policial.

El pasado junio, López Palop ya anunció a las partes la apertura de esta pieza separada tras detectar contradicciones entre imputados y testigos sobre este punto y después de que lo hubieran solicitado las acusaciones particulares, petición a la que se sumó la fiscal. La supuesta falsedad fue destapada por la responsable del operativo policial que acudió esa noche al Madrid Arena, Cándida Jiménez, que declaró ante el juez que el evento fue catalogado de riesgo medio. Pero nunca alto como se indica en los informes policiales. El problema es que son estos los informes que en su día se elevaron tanto a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando pidió explicaciones sobre la tragedia, como al juez instructor.

También son claves las declaraciones como testigos de dos mandos policiales, que se produjeron a principio de junio: Oskar Santos y Gerardo del Rey. Ambos, así como Emilio Monteagudo, imputado en la causa principal, continúan en sus cargos. También sigue ejerciendo Cándida Jiménez, que aseguró que tuvo que hacer varios informes tras la tragedia, que no le dieron los medios para actuar aquella noche y que el nivel nunca se movió. Según consta en el auto, las acusaciones justifican además la apertura de la pieza separada en que la concejal de Seguridad, Fátima Núñez, dijo en su declaración que el documento se elaboró para la comisión de investigación municipal.

El Consistorio desplazó a un muy reducido número de agentes a un evento que reunió esa noche en el Madrid Arena a cerca de 18.000 jóvenes, casi el triple del aforo del recinto. La cantidad de policías que se moviliza para un espectáculo varía en función de su catalogación. Si el riesgo es medio la cifra es de 12 agentes; si es alto, 18. El Ayuntamiento, según el informe del 6 de noviembre de 2012 cuya fecha puede estar alterada, revela que esa noche fueron enviados allí 18 agentes. Fuentes policiales han señalado que la orden de elevar el riesgo de medio a alto se hizo la misma noche del siniestro y fue “verbal”. En su declaración ante el juez, Monteagudo descargó sobre Jiménez la responsabilidad sobre el número de agentes que debieron disponerse esa noche para cubrir el evento.

Tras conocer el auto judicial, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, ha declarado a este periódico que, sin prejuzgar a nadie, la “alcaldesa debe ir pensando en tomar decisiones sobre la cúpula policial”. “Durante la comisión de investigación [municipal] no pudimos preguntar a determinados mandos porque el Ayuntamiento no lo permitió. Creo, sinceramente, que Ana Botella debe aclarar lo que ocurre y tomar decisiones políticas”.

Por su parte, Unión Progreso y Democracia pide el cese inmediato Monteagudo, que ya se encontraba imputado en el caso por su actuación respecto al macrobotellón junto al Madrid Arena la noche de la tragedia. “La apertura definitiva de esta pieza separada aumenta las dudas razonables sobre que Monteagudo sea la persona adecuada para tener la máxima responsabilidad de la seguridad de la ciudad”, afirma David Ortega, el líder municipal de UPyD.

El grupo municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Madrid sostiene que   la apertura de una pieza separada contra la cúpula de la Policía municipal "ha puesto en evidencia los errores" del inspector jefe del cuerpo, Emilio Monteagudo, la "fatídica" noche".

"Está muy claro que este señor tendría que haber sido cesado inmediatamente después de que se demostrara que los efectivos de la Policía municipal que se encontraban allí eran claramente insuficientes", señala el edil de IU Angel Lara

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