De perdidos al río

Más allá de toda la marabunta mediática que ha generado el cierre de Canal Nou y sus consecuencias políticas, el factor diferencial respecto a otros cierres de empresas públicas, que incluso ha llamado la atención de rotativos extranjeros como The Guardian, ha sido la “descompresión” que se ha producido en el comportamiento de sus empleados. Así, hemos sabido de primera mano lo que durante muchos años evidenciaban sus informativos y otras emisiones: como actuaba la manipulación sobre los trabajadores de esta cadena. Los protagonistas, haciendo honor al proverbial “de perdidos al río”, han aparecido en las redes sociales explicando con detalle como operaba la farsa.

Algunos periodistas de raza no han tardado en poner la proa a sus colegas autonómicos en algunas tertulias, reprochándoles que después de tantos años de castración informativa no hubieran sido capaces de denunciar tal situación. Una vez más predomina la épica, que al fin y al cabo no deja de ser una parte del espectáculo mediático, al señalar la falta de profesionalidad (o de heroicidad, depende del punto de vista) de los trabajadores de la cadena pública valenciana, en vez de preguntarse por los mecanismos que permiten que estas conductas se reproduzcan con tanta facilidad, no solo en la esfera de la televisión, sino en el conjunto de la administración pública. Ciertamente, es una pena no contar con una sociedad heroica de profesionales independientes, aguerridos y dispuestos a enderezar cualquier entuerto sea cual sea su naturaleza. Pero a falta de tales figuras, un buen remedio sería articular un marco que facilitara el desempeño de un trabajo honrado, profesional e independiente para todos los trabajadores del sector público.

Desde luego, esto no se consigue precarizando su situación laboral, mediante técnicas como prolongar su interinidad, sustituirlos por asesores, no convocar concursos de traslados, abaratar el despido de los contratados laborales o extender la libre designación no solo a los puestos directivos sino incluso a la secretaria o el chófer, como es el caso en nuestra administración autonómica. No entramos aquí en otras técnicas más atrevidas y no por ello menos utilizadas como externalizar servicios públicos, o directamente apartar trabajadores que no se someten a trapacerías y sustituirlos por otros más dispuestos, con la consecuente hinchazón de la plantilla.

Pero claro, los primeros interesados en que la Administración o cualquiera de sus empresas públicas no estén gestionadas por gente competente, que sirva con objetividad los intereses generales y sean imparciales en el ejercicio de sus funciones, como por otra parte exige el artículo 103 de la Constitución, son la misma clase política, que entiende la Administración como un cortijo: una vez tomado legítimamente mediante unas elecciones democráticas, les da derecho a hacer y deshacer a su antojo, eso sí, con el dinero de todos los ciudadanos. A los hechos de lo ocurrido en Canal Nou me remito.

Como consecuencia, es abundante la proliferación de cabestros en los puestos directivos o siervos en las escalas inferiores de la Administración, por no hablar de los favoritos entre los asesores, que atrapados por la inestabilidad en el puesto de trabajo alcanzan el bien supremo para la dirección política de la necesaria confianza (¿confianza para qué?) y componen toda una corte de los milagros, donde la objetividad, la imparcialidad, la independencia o la eficacia brillan por su ausencia. Así nos va.