Fomento renuncia a privatizar la seguridad del AVE Madrid-Galicia

Las instalaciones de seguridad, telecomunicaciones y control del tráfico ferroviario del AVE Madrid-Galicia tienen difícil correr por cuenta de una concesionaria privada, como pretendía el Ministerio de Fomento cuando hace más de dos años licitó el contrato de colaboración público-privada (CPP) para instalar y mantener esos sistemas durante 25 años por 767 millones de euros, más IVA. En este tiempo ha empeorado la capacidad de financiación de las empresas privadas y ha mejorado la del Estado, lo que hace que Fomento trabaje con la idea de acometer la obra con recursos propios.

Actualmente el AVE Madrid-Galicia tiene en servicio 140 kilómetros entre la capital y Olmedo, al sur de Valladolid, y otros 150 entre Ourense y A Coruña. Pero a lo largo de 2014, según la promesa de la ministra Ana Pastor, se abrirán otros cien kilómetros entre Olmedo y Zamora. La inminencia de esta nueva inauguración apremia a Adif, la empresa pública encargada de la red ferroviaria, para encontrar una solución al contrato empantanado desde hace dos años y evitar nuevos retrasos.

Fuentes oficiales de la compañía aseguran que la decisión "prácticamente cerrada" de prescindir de la concesión por varios años para acometer la seguridad y el control del tráfico con recursos propios no tiene que ver con ninguna consideración derivada del accidente del Alvia en Santiago del pasado 24 de julio que causó 79 muertes. En todo caso, entre las actuaciones que ahora se contratarán de forma directa se encuentra la instalación del ERTMS, el sistema de control constante de velocidad con que circulan los AVE, que habría evitado el accidente de Santiago pero que ni estaba instalado en la curva de Angrois, ni estaba conectado en el tren Alvia descarrilado.

A principios de 2011, cuando al Estado más le costaba financiarse por la escalada de la prima de riesgo, Fomento decidió licitar cinco grandes contratos de CPP para el AVE a Galicia. Ante sus propias dificultades, quería que fuese la iniciativa privada la que lograse por su cuenta la financiación necesaria para colocar las instalaciones ferroviarias entre Olmedo y Santiago cuando terminasen los movimientos de tierra ahora en curso en esos más de 400 kilómetros. Fomento, entonces con el socialista José Blanco al frente, estaba dispuesto a gastar más de 2.000 millones, más IVA y costes financieros, en la instalación y mantenimiento de todos los dispositivos durante 25 años.

En marzo de 2012, ya con el actual Gobierno, se adjudicaron dos de esos cinco contratos de CPP, los de instalación de vías y electrificación entre Olmedo y Puebla de Sanabria (Zamora), por 198 y 180 millones respectivamente. Los ganaron sendos consorcios encabezados por Ferrovial y Elecnor en los que Adif participa con un 10%. Están aún pendientes de adjudicarse las dos CPP de instalación de vías y electrificación entre Puebla de Sanabria y Ourense, licitadas por 234 y 155 millones, respectivamente, pero no corren tanta prisa ya que los movimientos de tierra en ese tramo son los más atrasados y no estarán terminados hasta dentro de varios años.

El quinto contrato de CPP, el que por 767 millones durante 25 años iba a entregar a una empresa privada la "redacción de proyecto, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de control del tráfico, telecomunicaciones, protección civil y seguridad" en toda la línea entre Olmedo y Santiago, es el que ahora Adif quiere asumir con financiación propia. Subcontratará cada trabajo concreto, como hace con todas sus obras, pero ya sin una concesión a largo plazo y coordinando la propia empresa pública todas las tareas que antes quería encargar en bloque a un consorcio privado. Adif también baraja la posibilidad de acometer finalmente con recursos propios las otras dos CPP pendientes entre Sanabria y Ourense, donde los trabajos previos van más atrasados, así como otras en toda España. "Las CPP no están funcionando", sentencian desde Adif.