Sánchez Gordillo y Cañamero no asisten al juicio por ocupar Las Turquillas

Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) ocuparon el verano de 2012 la finca militar Las Turquillas, en la localidad sevillana de Osuna. Capitaneados por el diputado andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, permanecieron allí durante 17 días. Este lunes, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sienta en el banquillo por esta causa a 54 sindicalistas, entre ellos, Sánchez Gordillo y el secretario general del SAT, Diego Cañamero. Se les imputa delitos de usurpación, desobediencia y daños. El juicio, al que solo han entrado tres de los imputados, se celebra en el TSJA por la condición de aforado de Sánchez Gordillo. Los otros jornaleros, entre ellos Sánchez Gordillo y Cañamero, se han concentrado en la plaza frente a la sede del alto tribunal junto a otros simpatizantes. El diputado andaluz confía en que el juicio sea "justo" y concluya con la libre absolución de los acusados.

Para el alcalde de Marinaleda, Cañamero y otros dos sindicalistas, la Fiscalía Superior de Andalucía pide una pena de siete meses de prisión, frente a los dos años solicitados por la Abogacía del Estado. Asimismo, solicitan para el diputado andaluz su inhabilitación especial. Además de hacer extensible la pena de prisión para los 50 imputados restantes, la fiscalía pide para cada uno de los acusados dos multas: una de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble sin violencia o intimidación y otra de 100 euros por una falta de daños. Asimismo, establece una indemnización de 1.075 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 para el Consistorio de Osuna por los daños que fueron ocasionados a consecuencia de la ocupación —daños cifrados en casi 800 euros y en 281 euros el valor de los objetos sustraídos—. Para los 50 sindicalistas restantes, la Abogacía del Estado pide un año y seis meses. “Acumulamos una multa de 275.000 euros y una fianza de 400.000”, apuntó el pasado viernes Cañamero.

La defensa pide la libre absolución de los imputados al entender que “en ningún momento hubo tales delitos” y la ocupación “solamente se realizó con el fin de presionar a que los entes públicos-políticos dieran de una vez una solución al desempleo de los jornaleros de la comarca”, informa Efe. Uno de los tres acusados que ha entrado en la sala ha reconocido ante el tribunal que carecían de autorización para ocupar en el verano de 2012 la finca sevillana, pero ha matizado que se trató de una acción pacífica y que en esas fechas Sánchez Gordillo "iba y venía" pero no se mantuvo allí todo el tiempo. Los tres acusados han negado que produjeran daños en la finca, sino al contrario, hicieron mejoras, y también han negado incidentes con la Guardia Civil o los militares. Han asegurado que cuando recibieron la notificación judicial de desalojo por parte de la Guardia Civil ya tenían pensado marcharse, informa José Miguel Muñoz.

“En todo momento, nuestra protesta fue pacífica y en defensa de una tierra que puede aliviar el paro que sufre esta comarca”, aseguró Cañamero, quien hizo alusión a su condición de insumiso judicial —el sindicalista fue detenido en julio por hacer caso omiso, hasta en tres ocasiones, a una citación judicial por esta misma causa—. “Permaneceré en la puerta [de la sede del TSJA], pero no entraré en la sala. Allí, decidiremos también qué hace el resto de compañeros”, expuso el portavoz. Finalmente, este lunes al juicio han entrado solo tres sindicalistas. Tras la concentración a las puertas de la sede, por la tarde, el colectivo celebrará una marcha hasta la Subdelegación del Gobierno.

Cañamero criticó la “represión” y la “caza y captura” que el SAT sufre por parte del Gobierno. La justificó calificando como “ilógico” que el Estado se persone en la causa del robo de material escolar que el sindicato protagonizó a finales de agosto en un centro comercial y en la que la empresa no lo ha hecho. “No es lógico que un sindicato acumule multas de hasta un millón de euros o penas de cárcel que suman 300 años”, agregó el portavoz antes de criticar “las presiones que el Gobierno ejerce sobre los fiscales”.