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Vía libre al ‘fracking’ en Els Ports

El Senado aprueba un proyecto de ley que incluye un apoyo expreso a esta técnica

La decisión da alas a los permisos solicitados para investigar

Concentración contra el 'fracking' ante las Cortes Valencianas.
Concentración contra el 'fracking' ante las Cortes Valencianas.

El Gobierno ha dado un gran paso para aprobar y regular el uso de la técnica de fracturación hidráulica (fracking) para la extracción de hidrocarburos del subsuelo. El Partido Popular, con el apoyo de UPN, aprobó cerca de la medianoche del miércoles en el Senado un proyecto de ley que incluye un apoyo expreso a esta controvertida técnica, que podrá ser usada en Els Ports (Castellón). El texto, que será definitivamente aprobado en el Congreso en unas semanas, llega en pleno debate sobre los riesgos de esta práctica a raíz de los terremotos causados por la actividad de la planta de gas Castor (ambos utilizan la sismicidad inducida). La medida supone, además, dar alas a los tres permisos de investigación que la empresa Montero Energy ha solicitado para explotar el norte de Castellón y cuya aprobación está estancada en la Consejería de Industria a la espera de un apoyo del Ejecutivo, tal y como ayer admitió el responsable de este departamento, Máximo Buch.

El grupo socialista ha denunciado la aprobación “por la puerta de atrás” de la normativa y el hecho de que haya sido ratificada sin un debate previo sobre los posibles riesgos de esta técnica tan criticada por los colectivos ecologistas y sociales. Sobre todo, después de que lo ocurrido con el proyecto Castor haya alertado a las plataformas cívicas que tratan de impedir el uso de la fracturación hidráulica en Els Ports y El Maestrat.

Lo que el Senado aprobó en la noche del miércoles es el proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos “insulares y extrapeninsulares”. En el texto, el Gobierno se hace eco del “debate” que existe en España sobre la explotación de hidrocarburos no convencionales y la preocupación social. Para “clarificar los aspectos jurídicos” de esta práctica y “garantizar la unidad de criterio en todo el territorio español”, se incluye el fracking como una técnica más de extracción de gas y petróleo. Además, se acuerda la obligación de someterlo a impacto ambiental. Según ha criticado el grupo socialista a través de su portavoz de Industria, Jesús Alique, lo que ha hecho el PP es “reducir la calidad de estas evaluaciones”, disminuyendo plazos y creando bancos de conservación (una especie de moneda de cambio para autorizar daños ambientales).

El senador del PSPV por Castellón, Enrique Navarro, recalcó que lo que debía ser una regulación exclusiva de las islas y los territorios extrapeninsulares “abre la puerta” a una definitiva regulación a nivel nacional. “Lo que se aprueba en un ámbito territorial concreto se extrapola al sistema nacional, es un precedente”, afirmó. Lo más grave, dijo, es que se haya producido sin un serio debate y consenso sobre la controvertida práctica.

Este apoyo del Gobierno al fracking es un respaldo a los proyectos que afectan al norte de Castellón. Montero Energy, empresa filial de la canadiense R2 Energy, presentó hace más de un año tres permisos para explorar el potencial de hidrocarburos en 41 municipios de Els Ports y El Maestrat (casi 200.000 hectáreas de terreno). La solicitud no tiene competidores y la empresa espera desde diciembre del pasado año a que la Consejería de Industria apruebe definitivamente el inicio de los trabajos.

La empresa ya se ha quejado de la tardanza en resolver el trámite. Preguntado por ello, el consejero de Industria, Máximo Buch, ha avanzado que hasta que el Gobierno no apruebe una ley específica sobre la fracturación hidráulica o lo apruebe mediante otra fórmula (como la del Senado), no dará luz verde a los permisos. “Antes de dar ningún paso más, estamos a la espera de conocer una ley básica estatal”, manifestó ayer durante una visita a Castellón.

El titular de Industria aclaró que esta tardanza se debe a la “suma prudencia” con la que están abordando el asunto y a que están estudiando los posibles impactos ambientales. El trámite quedó paralizado después de que la Diputación de Castellón asumiera un informe elaborado por expertos (al que el PP se vio obligado tras una petición de Compromís) que rechaza de plano el fracking por considerarlo peligroso para los acuíferos y por la “débil” propuesta técnica presentada por Montero. La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, aseguró ayer que su departamento también ha hecho suyo este informe.

Pese a todo, desde Industria, que es el departamento que tiene que autorizar o no los permisos, avalan que se investigue la zona. “Una cosa son los permisos de investigación y otra el fracking”, dijo Buch.

Montero Energy teme el efecto Castor

L. O.

“Lo ocurrido con el proyecto Castor afecta mucho”. Rafael López, el representante de Montero Energy, la empresa que solicitó permisos para investigar el potencial de hidrocarburos en un territorio que engloba a 41 municipios del norte de Castellón, teme que lo ocurrido estas semanas con el proyecto de almacén subterráneo de gas Castor y los seísmos en la zona acabe por precipitar un carpetazo a los proyectos de frackingen la provincia. López se mostró convencido de que la alarma social generada por los terremotos influirá negativamente en los proyectos a pesar, aseguró, de que “el almacenaje de gas no tiene nada que ver con la fracturación hidráulica”.

Desde la empresa explican que la Consejería de Industria da la callada por respuesta a sus continuos requerimientos de reuniones o preguntas sobre el estado de sus solicitudes. “No sabemos nada, solo nos dicen que lo están estudiando”, recalcó López. El representante de la compañía destacó que es el departamento de Buch el “único competente” para dar luz verde a la exploración en el norte de Castellón. Pero admitió que “no hay confianza” con respecto al fracking y que la crisis del proyecto Castor “no ayuda” a que se autoricen.

De hecho, varios grupos aprovecharon ayer la comparecencia del ministro de Industria en el Congreso para preguntar por los posibles riesgos.