Detenidos 23 falsos inspectores de gas que estafaban a personas mayores

Un total de 23 detenidos es el resultado de una operación policial contra una banda de falsos inspectores de gas que se dedicaban a estafar a personas mayores o que vivían solas y que llevaban operando varios meses en la capital, según ha informado esta mañana la Jefatura Superior de Policía. Los arrestados no dudaban en amenazar con cortar el suministro a sus víctimas a las que en ocasiones llegaron a intentar cobrar hasta 5.000 euros. Ya se han registrado al menos 50 denuncias y la cantidad estafada supera los 32.000 euros.

La forma de actuar de este grupo era siempre la misma. Para dar veracidad a las inspecciones llamaban por teléfono a los vecinos y uno o dos días después se presentaban con uniformes de la supuesta compañía revisora de la instalación. Pese a que no llegaban a realizar muchas veces ninguna operación ni ningún mantenimiento cobraban precios abusivos a sus víctimas, muy por encima del valor real del mercado. Otras veces cuando les hacían firmar la supuesta revisión, les hacían firmar un contrato de mantenimiento de cinco años, del que no habían sido informados los clientes.

Como se trataba de personas mayores o que tenían poca relación con el resto del vecindario, en ocasiones no tenían el dinero encima. Los arrestados se ofrecían incluso a llevarles hasta un cajero automático para que les pagaran el dinero del mantenimiento. Muchas veces aprovechaban el descuido de las personas mayores y les sustraían todos los efectos de valor que tenían en la vivienda. Si la víctima se resistía, amenazaban con cortarles el suministro o llamar a la policía, por lo que el afectado siempre solía pagarles el servicio. En alguna ocasión se hicieron incluso con el número de tarjeta de crédito e intentaron hacer un cargo de 5.000 euros a las víctimas.

La policía inició las investigaciones a raíz de recibir varias denuncias de estos falsos inspectores hasta que logró dar con la razón social de la empresa. Justo cuando fueron detenidos los propietarios de la compañía estaban cambiando de identidad societaria y de local para no ser descubiertos. Los dueños de la empresa eran los que aleccionaban al resto de empleados de cómo tenían que tratar a sus víctimas. El administrador social era el único que tenía acceso a una cuenta restringida a la que iban todos los cobros que realizaban a las víctimas. Los detenidos han sido acusados de un delito de estafa continuada. Según fuentes policiales, todos son de nacionalidad española y la mayoría tenía antetecedentes por robos o estafas.